El Gobierno nacional profundizó el ajuste sobre áreas sensibles del sistema sanitario y eliminó $5.000 millones destinados al programa de Investigación, Prevención y Tratamiento del Cáncer. La medida forma parte de una serie de recortes presupuestarios aplicados por la administración de Javier Milei y Manuel Adorni que también impactaron en programas vinculados al VIH, hepatitis, tuberculosis, lepra y salud sexual.
Según datos oficiales relevados tras la última modificación presupuestaria, además del fuerte recorte en políticas oncológicas, se quitaron otros $800 millones del abordaje integral de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y lepra, mientras que el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió una reducción cercana a los $900 millones.
Los recortes aparecen en un contexto de fuerte ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno nacional. De acuerdo al análisis publicado por eldiarioAR
, las reducciones presupuestarias alcanzan áreas estratégicas como universidades, obras de agua potable, infraestructura y distintos programas sanitarios.
En el caso del cáncer, la decisión genera preocupación entre especialistas y organizaciones vinculadas a la salud pública debido al impacto que podría tener sobre la prevención, el acceso a tratamientos y las políticas de detección temprana. Argentina registra miles de nuevos casos oncológicos cada año y el sistema público cumple un rol clave para garantizar diagnósticos y tratamientos en pacientes sin cobertura privada.
La situación también encendió alarmas en torno al financiamiento de programas de VIH y salud sexual, especialmente en un contexto económico donde crece la demanda de atención en hospitales públicos. Organizaciones sanitarias vienen advirtiendo desde hace meses sobre demoras en la compra de medicamentos, dificultades en el acceso a insumos y la paralización de campañas de prevención.
Desde el Gobierno sostienen que las medidas forman parte del proceso de reducción del gasto estatal y reorganización de partidas presupuestarias. Sin embargo, distintos sectores cuestionan que el ajuste impacte directamente sobre políticas sanitarias consideradas esenciales, especialmente aquellas orientadas a enfermedades crónicas, infecciosas y tratamientos de alta complejidad.
