EL MINISTRO DE JUSTICIA, GERMÁN GARAVANO, ASEGURÓ HOY QUE SU “RECOMENDACIÓN ENFÁTICA” AL MANDATARIO ES QUE “LE ACEPTE LA RENUNCIA” AL JUEZ FEDERAL, QUE AYER PRESENTÓ FORMALMENTE ANTE EL PODER EJECUTIVO SU VOLUNTAD DE DEJAR SU CARGO.
De ser aceptada la renuncia, el magistrado que conduce el juzgado federal Número 5 dejaría su cargo con una jubilación que se estima en 160.000 pesos y perdería, al mismo tiempo, “sus fueros”.
“Mi recomendación enfática al presidente Macri es que le acepte la renuncia al juez Oyarbide. Si el Poder Ejecutivo acepta la renuncia a un juez, éste pierde los fueros, y puede ser investigado por la Justicia como cualquiera de nosotros”, dijo el titular de la cartera de Justicia en diálogo con radio La Red.
Garavano recordó que hace un mes el Poder Ejecutivo le aceptó la renuncia a un juez de Bahía Blanca que estaba sometido a juicio político, y señaló que el procedimiento “es muy complejo” y que el único fin es “la remoción”, algo que al renunciar el magistrado también se logra.
El subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, confirmó la decisión del Poder Ejecutivo de dar curso favorable a la renuncia del magistrado, y dejó claro que su aceptación pone a Oyarbide “cara a cara con la Justicia penal”.
“El hecho de que el Poder Ejecutivo acepte la renuncia a Oyarbide no significa cobertura ante la Justicia penal porque, si cometió un delito, debe ser juzgado y condenado”, dijo Mahiques a radio Nacional.
Por otra parte, no dudó en afirmar que fue “la inminencia de un juicio político en el seno del Consejo de la Magistratura lo que precipitó la renuncia del juez”, que lleva 21 años en su cargo y 40 años en total en el Poder Judicial, y permaneció intocable durante los últimos años pese a acumular varias denuncias e, incluso, haber sido removido y luego restituído en su cargo.
La titular de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, la abogada Adriana Donato, marcó otro aspecto de la renuncia de Oyarbide y, tras aclarar en diálogo con Télam que ante la dimisión el Consejo de la Magistratura “pierde jurisdicción”, subrayó que de esta forma Oyarbide “se asegura su jubilación”.
Fuentes judiciales consultadas por Télam estimaron que un juez con la antigüedad de Oyarbide (la antigüedad en el Poder Judicial se calcula desde el momento en que la persona obtiene el título de abogado, y no desde el momento en que entra en el Poder Judicial) estaría cobrando como mínimo 160.000 pesos, por lo que su jubilación sería similar ya que así funciona en ese poder.
En cambio, si Oyarbide afrontara un juicio político y un jury decidiera su remoción definitiva del cargo que ejerce en el Poder Judicial, el juez de 65 años, cumplidos el 1 de enero, no cobraría jubilación.
Por otra parte, el diputado nacional y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli sostuvo en diálogo con radio Vorterix que la eventual aceptación de la renuncia al juez federal Norberto Oyarbide no significa “un certificado de buena conducta”, y advirtió que “si cometió delito, puede ser juzgado por un juez penal”.
Tanto Tonelli como el juez Luis María Cabral, también integrante del Consejo de la Magistratura, consideraron que el hecho de que Oyarbide renuncie “acorta camino” y da algunas “ventajas, ya que “evita un juicio que dura de seis meses a un año, con los costos que implica”, y permite “cubrir enseguida la vacante que deja libre el juez”, lo que “afecta menos el servicio de Justicia”.
Oyarbide fue denunciado por varias causas ante el Consejo de la Magistratura, pero la que dio lugar a que se evaluara la posibilidad de llevarlo al enjuiciamiento tuvo lugar en 2013, cuando se lo acusa de frenar un allanamiento a una financiera por un pedido de Carlos Liuzzi, el segundo del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El fiscal José María Campagnoli no se mostró conforme con la idea de que el Poder Ejecutivo le acepte la renuncia a Oyarbide, y consideró que “hay que aceptar los juicios políticos si corresponden y están fundados”, pero dejó claro que “no es obligatorio aceptar la renuncia a Oyarbide”.
Finalmente, Garavano adelantó que el trámite de renuncia del juez Oyarbide se concretaría la semana próxima, luego que se pidan los informes al Consejo de la Magistratura y la Anses, y que el Presidente tenga la renuncia en sus manos, con todos los informes correspondientes, y dejó abierta la puerta para que “todos aquellos jueces que no estén cómodos con acabar con la impunidad, presenten su renuncia”.
http://www.telam.com.ar/notas/201604/142552-oyarbide-renuncia-garavano.html
