Lo presentó el legislador provincial D’Alessandro. Desde 2008 se han designado directivos para 42 empresas nacionales.
El diputado bonaerense Mauricio D`Alessandro pidió a la Justicia un amparo contra un decreto del Poder Ejecutivo que promueve una “autoamnistía” y “blindaje legal” para los funcionarios designados en empresas privadas por el Estado.
El legislador y la Asociación Hágase Justicia, plantearon que se suspenda la aplicación del decreto196 de fecha 12 de febrero de 2015, mediante el cual el Poder Ejecutivo otorgó un “escudo legal” para los directores, síndicos, consejeros y otros funcionarios designados por el Estado en empresas y sociedades privadas, en caso de que sean demandados o denunciados.
Desde el 2008 el Estado viene nombrando directores estatales a partir que absorbió la participación accionaria que tenían las privatizadas AFJP en varias compañías.
En total se han designado directivos para 42 empresas nacionales.
Según el disputado, la norma implica que los gastos de la defensa y por los fallos en contra que puedan tener vinculados con su actuación en las empresas donde el Estado tenga participación accionaria, correrán por cuenta de la administración.
D`Alessandro aseguró que el decreto “incurre en reiteradas irregularidades y es abiertamente ilegítimo, violando principios y garantías constitucionales”. En ese sentido, dijo que el texto legal significa un claro “blindaje judicial y económico”, y que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos excluyéndolos del orden “civil”.
El decreto, según el diputado, transforma a “simples empresarios en funcionarios públicos para sustraerlos de la responsabilidad que les correspondería como hombres de negocios”.
“Con la ley 26.944 dieron el primer paso, pero en este caso corren el alambre de tal modo que ningún director de las empresas ANSES responderán por impericia o negligencia en la actividad que desarrollen en las mismas”, manifestó D`Alessandro.
“Es virtualmente una autoamnistía, al estilo de la de Bignone, y está enmarcado en todo el proceso que iniciaron hace un par de años con el nuevo código civil, limitando la responsabilidad de los funcionarios públicos”, concluyó.
