Así lo adelantó este fin de semana el diario La Nación, que citando fuentes cercanas al ministro Jorge Triaca precisó que se trabaja en una reforma a la ley de regularización del trabajo no registrado, tema en el que la CGT se muestra “resistente”.
Según precisa la publicación, la idea es que las multas que contempla la Ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas previstas en el artículo 15 dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional.
El objetivo es, como la reforma de la Ley de ART, avanzar contra la industria del juicio. Con todo, se presumen dificultades para que esta norma avance en el Congreso.
No habrá manera si no hay un acuerdo con la CGT, habida cuenta de que el bloque mayoritario del Senado le dispensa una atención especial a la central sindical.
El proyecto que elabora la cartera que encabeza Jorge Triaca establece, según La Nación, la eximición de contribuciones patronales para los empleadores que contraten un trabajador “por tiempo indeterminado y registrado”, siempre y cuando esa contratación “produzca un incremento en su plantel de trabajadores”.
Habrá beneficios también para favorecer el ingreso al trabajo formal de parte de aquellos que reciben un plan social.
El incentivo no será uniforme, sino que contemplará una diferenciación por regiones. Así, la reducción en las contribuciones laborales será más elevada, de hasta el 30 por ciento, en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y de hasta el 10% en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, y la Ciudad de Buenos Aires.
Se está hablando con los gremios respecto de si habrá una quita de deuda o facilidades de pago para el mercado laboral, y ahí el Gobierno y la CGT tienen diferentes posturas. Para el Ministerio de Trabajo, una moratoria sería lo atinado, en tanto que la CGT prefiere un blanqueo.
