Finalmente el Senado aprobó la modificación realizada por la Cámara baja y la reforma laboral se convirtió en la última ley alcanzada por el oficialismo en el marco de este fructífero período ordinario.
La Libertad Avanza se alzó este viernes con la última de las leyes conseguidas en las dos etapas de este período ordinario. Fue cuando a las 22.35 de este viernes 27 de febrero el Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral, por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, cerrando así un exitoso raid legislativo de este verano 2025/26.
Con la aceptación de la modificación hecha en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero, la reforma laboral se convirtió en el séptimo tema aprobado por el oficialismo en el Congreso con la nueva conformación del mismo.
El texto se aprobó al cabo de una sesión extensa, que arrancó con otro éxito oficialista: la aprobación de la Ley Penal Juvenil, que también fue ley. Ambas leyes formarán parte del discurso del domingo que dará Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario. En el mismo insistirá en autodefinirse como “el presidente más reformista de la historia”, y exhibirá las normas aprobadas en este tiempo como prueba de ello.
Este debate arrancó con la convicción de que, tuviera el resultado que tuviera la votación, el proyecto de Modernización Laboral sería ley. Es que a la hora de votar se haría para aceptar la modificación de la Cámara baja, o insistir en la versión original. La ley no podía ser rechazada. Cuando la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, hizo hincapié en destacar eso, se generó la última polémica de este período extraordinario. Es que la titular del Cuerpo dijo que votarían por la aceptación de las modificaciones, o la negativa a las modificaciones del proyecto de ley. Pidió la palabra entonces el presidente del interbloque Popular, José Mayans, para aclarar que ellos estaban en contra tanto de lo aprobado por el Senado, como lo que venía de Diputados. “No estamos a favor”, dijo el formoseño, mientras Villarruel insistía en que no estarían votando en contra del proyecto.
Intervino la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que por una vez coincidió con Mayans: “Es razonable lo que estamos discutiendo. Esa opción ha quedado restringida”, argumentó, mientras que la vicepresidencia de la Nación aclaró que estaba haciendo lo que establece el artículo 81° d la Constitución Nacional. “No tenemos otra opción”, dijo, y el senador Fernando Salino aportó lo suyo para que la confusión creciera: “Cuando el miembro informante dio su discurso, dijo que ‘está en consideración el proyecto’. Nosotros votamos en contra del proyecto; el miembro informante lo entendió de entrada. A esa consideración votamos negativo”.
Finalmente se cortó por lo sano, con este razonamiento: “Estamos hablando de un dictamen; o se insiste con el dictamen, o no… Cada uno le da el simbolismo que quiere”. Y antes de votar, pidió la palabra el santacruceño José María Carambia, que recordó que ellos habían votado en contra la vez pasada, pero pensaban que ahora el proyecto era mejor, sin el artículo 44°. Pero como seguían estando en contra de la ley, esta vez se abstendría con su compañera de bloque Natalia Gadano.
El debate
Ya el debate había empezado complicado: justo antes de comenzar, el senador peronista Mariano Recalde presentó una moción para que el proyecto volviera a comisión, invocando el Acuerdo Comercial Mercosur – UE, que en uno de sus puntos establece que ninguna de las partes deberá debilitar eslabones de la producción para tomar ventajas. La moción fue rechazada por 43 votos contra 29, tras lo cual arrancó finalmente el debate.
Le correspondió al chaqueño Juan Cruz Godoy oficiar de miembro informante, y arrancó saliendo al cruce de la preocupación expresada respecto del supuesto debilitamiento de los derechos de los trabajadores, aclarando que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”. Dijo que entre otras cosas, se mantienen las indemnizaciones; se facilita la registración de los empleados de manera formal; se mantiene la obligatoriedad de registración, pero se agiliza el sistema y es más económico.
“Se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores y empleados. Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, señaló, apuntando luego que “reconocemos que en nuestro país más del 70% del trabajo es gracias a las PyMEs, por eso es importante el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones) para que se genere más producción y empleo”.
Sobre el final de su exposición, Godoy aclaró que “eventualmente tendremos que volver a discutir esta temática”, en función de los avances de la tecnología, ya con la llegada de la Inteligencia Artificial y la robótica. “Probablemente dentro de 5 o 10 años tendremos que discutir nuevamente una ley laboral”, estimó.
A continuación, el senador Recalde recordó que hace pocas semanas trataron esa misma ley que tenía 219 artículos y hoy vuelve con 218. “Nuestro bloque va a seguir rechazando el contenido de la ley”, adelantó por si quedaba alguna duda. Luego habló de “un modus operandi del Gobierno en materia de leyes”, y lo explicó: “Primero manda leyes ómnibus, que tratan distintos temas. En esta ley, que tiene 26 títulos, se modifican 28 leyes y se derogan 11 leyes. Una ley gigante, monstruosa -aparte por el contenido-. No solo es una ley que abarca muchísimos temas y demás, la tratan de manera exprés. No hubo escucha, no aceptaron ninguna modificación, y un agregado que está siendo una constante en todas las leyes: aparecen modificaciones de último momento, que encima venden como concesiones”.
Recordó que fueron modificados 57 artículos de los 219 originales, y cuestionó que de las modificaciones no tuvieron en cuenta ninguna de las que pidió el bloque que representa la primera minoría. “Pero sí aparecieron cosas horrorosas, como la ampliación del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las exclusiones y sacan de las leyes laborales al personal de embarcados, sin ninguna explicación, y emitieron una modificación que pasó inadvertida, en el artículo 31, para liberar de responsabilidad a más empresas solidarias. No es un problema, según este proyecto de ley, que hayan incurrido en conducción temeraria”.
“Pero además, otra constante de todas estas leyes y que conspira contra la seguridad jurídica: es un trámite irregular”, aseguró Recalde, que habló de “violación de reglamentos”, y de “votos de legisladores que se supone que representan otros intereses, votando del otro lado”. Y sentenció: “Pasó con la ley Banelco, pasó con la Ley Bases. Compran a los que son de otros bloques… Hoy no sabemos qué otras cosas en la negociación de los votos. Todas estas cosas se hacen cuando una ley va en contra del pueblo. Cuando es a favor del pueblo, no se necesita votarla entre gallos y medianoche”.
Recalde advirtió que “seguramente esto va a generar más litigiosidad, sino muchas dudas de los inversores. Esta es una ley que desprotege desde donde se la mire (…) Una ley que empieza excluir de la Ley de Contrato de Trabajo a cada vez más actividades y sujetos. Que va directamente en contra de una disposición constitucional, el artículo 14 bis, que es el que establece que la ley le debe garantizar al trabajador jornada limitada”.
Por otra parte, Mariano Recalde consideró al FAL como “lo más grave y escandaloso”. Incluso advirtió que quienes armaron la ley “dicen que el escándalo de las licencias lo instalaron ellos para esconder y que no se discuta el FAL”, al que calificó como “un curro fenomenal. Porque no solamente subsidia despidos”.
Comparó al FAL con las AFJP, e insistió en calificarlo como “un curro fenomenal con la plata de los jubilados. Ahora no para pagar jubilaciones, sino para subsidiar empresas que despidan. Es estatizar otra vez deuda privada. La deuda que tiene un empresario con un privado, que es el trabajador, es estatizada. El que despide, nos hacemos cargo todos, con la plata de los jubilados…”. En ese sentido advirtió que propondrán la creación de una bicameral de seguimiento de los fondos de los jubilados. “Si se crea, vamos a investigar qué hacen con la plata de las jubilaciones. Y donde toquen un peso los vamos a meter presos”.
Tras él, su par rionegrina Ana Inés Marks abonó la hipótesis de que al artículo 44 “lo metieron para proteger la madre de todos los negocios: el FAL”, al que llamó “FAT, Fondo de Asistencia a la Timba”, y concluyó: “Un curro con la plata de los jubilados”.
Brevemente, la senadora pampeana Victoria Huala recordó que “no es un capricho pedir la eliminación de la cuota sindical”. Luego, señaló que “el trabajo de los gremios es representar al trabajador de verdad, pero conozco casos en los que se juntan a colgar carteles cuando no hay un gobierno kirchnerista en el Poder Ejecutivo Nacional”.
En relación a la Ley de Modernización Laboral, la pampeana cargó que “apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a ‘patrones malos’, como algunos nos quieren hacer creer”. “Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes y al empleo real”, cerró.
A su turno, el senador Jorge Capitanich recordó los cuestionamientos del bloque Justicialista al texto oficial. “Primero, la afectación de los derechos del trabajador; segundo, afectación de los derechos colectivos; tercero, un régimen desde el punto de vista de reorganización laboral, y también integra el Fondo de Asistencia Laboral como incentivo a los despidos. También la nueva organización de la justicia de Trabajo y por último una reforma tributaria encubierta”, enumeró.
Entre las propuestas de su bancada, señaló: “¿Por qué existe un Fondo de Asistencia Laboral, que primero era 3% en forma lineal para todas las empresas, sin la diferenciación tipológica de las mismas, y ahora se planteó una diferenciación entre 1 a 2,5%, se trate de grandes empresas o de micro, pequeñas y medias empresas. Y en ese contexto, puede incrementarse a 1,5 o 3%. Lo que nosotros proponíamos era por qué no hacer directamente el ataque desde el punto de vista del régimen de incentivos a las micro empresas, que equivalen a 359 mil en la Argentina, porque efectivamente si poníamos la eliminación de las contribuciones patronales, implicaba que casi el 50% del costo total del costo laboral baja al 20%, que se subordina a los aportes personales. Tiene sentido porque el 77% del empleo informal se incuba en las microempresas. Se puede extender inclusive a medianas empresas y ese régimen puede implicar a cerca de 459 mil empresas”.
Ya en el turno de los cierres, el senador Fernando Salino habló de la “violación de las formas” que para su bancada se dio en el tratamiento de ese proyecto, recordando cuando se pidió el tratamiento de “un proyecto que no estaba en la Cámara de Senadores”, en alusión a cuando se convocó a un plenario para tratar la modificación de Diputados sin que se hubiera aprobado todavía.
“Otra confusión es cuando se dice: ‘Este debate ya se hizo’, siendo que lo único que vale es el tiempo que transcurre en el Senado de la Nación. No podemos computar el tiempo de debate en la opinión pública”, apuntó.
Cerró el debate por parte del bloque Justicialista José Mayans, quien dijo que el proyecto de Modernización Laboral “está hecho por estudios de abogados en contra de los derechos de los trabajadores. Esto es esta ley: una ley gorila, hecha por gorilas, para afectar al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino. Eso es lo que estamos tratando”.
A continuación, el formoseño puso otra cuota de opacidad sobre el tema al advertir que “cuando terminaron el tratamiento, pidieron permiso para mejorar la ley. Ahí hubo algunas coincidencias con algunos gobernadores que no creo que hayan sido de carácter ideológico. Les faltaban tres para el quórum, y el Gobierno empieza a negociar, a tirar cargos, plata, fondos… Una vergüenza, para atacar al sistema laboral argentino”.
José Mayans dio por sentado que el artículo 44 fue una estrategia del oficialismo para ocultar el verdadero “negocio” del proyecto. “Bueno, ahora nos enteramos que lo de la licencia fue una estrategia para sostener el FAL (Fondo de Asistencia Laboral). Eso es tener impunidad realmente, y tener desprecio para la gente. Fue una estrategia para que no se ataque al FAL, que estaba muy apuntado. Es un robo a cara descubierta, pero abiertamente inconstitucional: vulnera el 14 bis de la Constitución, que protege al trabajador, y el FAL viene a romper el sistema protectorio que tiene la Constitución. El FAL es abiertamente inconstitucional”.
Puntos principales
El texto finalmente convertido en ley establece, entre otras cosas, lo siguiente:
- ● Se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero se cambia la base de cálculo, que ahora será solo la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo aguinaldo, premios y otros adicionales. Se establece un nuevo criterio de actualización: IPC + 3% anual.
- ● Uno de los pilares de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria para empresas que funcionará como un fondo de afectación específica destinado a cubrir indemnizaciones y obligaciones derivadas de la desvinculación. A propuesta de la UCR en el Senado se diferenció a las empresas en cuanto al financiamiento que se hará con contribuciones patronales: las grandes aportarán un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas el 2,5%. El texto original preveía un 3% sin distinción.
- ● Para la derogación de distintos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, se dispuso un plazo de un año (1ro. de enero de 2027); y se posterga al 1ro. de enero de 2028 la eliminación de un fondo que financia la actividad del INCAA.
- ● Sobre los cambios a la Ley de Contrato de Trabajo, se establece el mecanismo de “banco de horas”, a partir del cual el empleador y empleado podrán pactar cambios en el horario laboral: no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días.
- ● Las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.
- ● Por otro lado, el extenso proyecto prevé la creación de un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión; y del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), que apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.
- ● La iniciativa incorpora criterios para la actividad de repartidores y trabajadores de apps. Voces empresarias (Rappi e IDEA) valoran que fija “estándares y reglas claras” para la actividad.
- ● En el proyecto se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad.
