Fue la primera reunión informativa de la Comisión de Vivienda de Diputados donde, además, los expositores dejaron expuesto que las provincias “no hacen un buen uso del FONAVI”, y plantearon la necesidad de trabajar en una ley nacional de acceso a la vivienda.
La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, presidida por diputado Itaí Hagman (UP), mantuvo este miércoles la primera reunión informativa donde representantes de sectores empresarios y trabajadores, así como autoridades de institutos de vivienda provinciales, abordaron temas relacionados con la crisis el sector de la construcción y de la inversión pública, vivienda social y plan PRO.CRE.AR.
El expresidente de CAMARCO y actual titular de la FIIC, Iván Szczech, explicó que a nivel Latinoamericano la inversión en vivienda por parte del Estado y sector privado está relacionado con el crédito hipotecario y ejemplificó que en Chile implican un 27% del PBI y en Argentina un 0,5%.
“Estamos vivienda muy situaciones complejas en construcción de viviendas, más allá del empleo perdido. Tenemos que dar vuelta esta situación porque la pobreza está directamente relacionada con el acceso a la vivienda porque el futuro de una familia depende de poder vivir en su casa y por la actividad económica que mueve porque, cada vez que se inicia la construcción, mueve 80 industrias”, explayó.
En esa línea, Szczech remarcó que es “sumamente necesario” en la coyuntura actual del país porque la industria y el comercio “estamos sufriendo mucho”, y consideró que “la vivienda es una gran herramienta para destrabar la situación que tiene bondades por todos lados”. Por este motivo, afirmó que uno de los puntos claves a observar es el mercado de capitales para poder brindar financiamiento.
Al respecto, sugirió prestar atención a “los fondos de pensiones que financian el largo plazo en cuanto al acceso a la vivienda”, y señaló que en el Congreso “está la llave para saber qué está pasando con el fondo de garantías y sostenibilidad de ANSeS porque un 80% está destinado a títulos nacionales y un 20% en acciones de diferentes empresas. Eso es lo que hay que destrabar para el financiamiento de viviendas a largo plazo, pero parece que la vivienda no es un tema en el país”.
“Hay que tomar decisiones que tengan que ver con leyes para desarmar posiciones de activos y presionar que las inversiones generen el acceso a la vivienda”, manifestó y planteó: “El FONAVI que es recibido por las provincias, pero no todas hacen un buen uso del recurso. Esa ley está bien hecha, pero no se cumple porque tiene que ser usado específicamente”.
“El acceso a la vivienda está imposibilitando el desarrollo privado, sumado a la falta de financiamiento, hoy el acceso a la vivienda es un lujo para los argentinos”, cerró.
Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación UOCRA, señaló que desde el inició de la gestión de Javier Milei se “impuso un parate de la obra pública lo que significó la pérdida de 91 mil puestos formales de trabajo en la construcción, de los cuales 35 a 50 mil trabajadores están dedicados a la construcción de vivienda social”.
Al igual que el expositor precedente, opinó que las provincias “no afectan la totalidad del FONAVI que fue creciendo y ahí hay que trabajar en el marco del conjunto de las provincias una mejor afectación de los recursos para que se administren en la construcción de nuevas viviendas”.
Gándara planteó establecer un observatorio de la vivienda para tener datos e información fehacientes sobre la vivienda social en el país, el financiamiento disponible y los multilaterales. También, generar un estándar en términos de las normativas municipales y locales que “traban” el desarrollo de la vivienda que “es la posibilidad de construir un diálogo entre provincias y municipios para establecer criterios para estandarizar procesos”. Por último, manifestó la ausencia de políticas de formación para la recalificación de los trabajadores.
El secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia de Santa Fe, Lucas Crivelli, denunció que el federalismo en el reparto del FONAVI “se perdió totalmente porque la política metió la cola y empezó a distorsionar el esquema”. Al respecto, sugirió replantear la cuestión de los recursos y la federalización de los mismos.
Sobre el déficit ocupacional, cuestionó que la información que se tiene del último censo es “paupérrimo”, y consideró “fundamental que se pueda trabajar en una ley nacional de vivienda”. En ese sentido, instó a trabajar “desde las provincias y municipios, el sistema financiero, el sector inmobiliario, los trabajadores y la logística, para confluir y encaminar todo lo necesario para que en un plazo de 10 o 15 años el déficit habitacional, que pensábamos que podía llevar 60 años, se salde y se achiquen los plazos”.
Al afirmar que para La Pampa “la vivienda tiene un rol estratégico y de desarrollo humano”, Érica Riboyra, titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda de La Pampa, manifestó que “cuando el Estado se corre, para el rol de construcción de vivienda no aparece mágicamente el mercado inmobiliario a solucionar ese problema”.
“Es fundamental que construyamos una Argentina que incluya a todos, también en materia de vivienda”, enfatizó y criticó la decisión del Gobierno de retirarse de la construcción de viviendas porque “había contratos firmados por 953 viviendas que iban a ser financiadas por el Gobierno nacional y el provincial se encargaba de la infraestructura”.
Riboyra precisó que más de 1600 viviendas estuvieron paralizadas en La Pampa del programa Casa Propia y 636 del programa PRO.CRE.AR, lo que significó “un financiamiento interrumpido y familias con proyectos de vida truncados. Generó un gran impacto en las provincias y las arcas municipales porque quedó mucha gente sin trabajo al estar paralizadas las obras”.
Diego Menéndez, administrador del Instituto de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, quien informó que hay unas 8 mil casas en construcción financiado por el FONAVI y del Tesoro Provincial. “Hasta el Gobierno anterior había un círculo virtuoso donde Nación firmaba convenios con municipios. Con este Gobierno todo lo que estaba en la provincia se frenó en seco, no hubo movimientos de obras”, comparó y alertó: “Esto es un problema de inversión porque lo que se hizo se está deteriorando, genera problemas de inseguridad porque hay casos de usurpación. No se avizora de políticas para retomar esas obras”.
En ese sentido, planteó que “se cuadruplicaron las inscripciones para poder acceder a una vivienda, en este momento no hay inversión nacional y tampoco hay grandes inversiones privadas. La situación es caótica porque no hay políticas nacionales, lo que lleva a un freno de la actividad”.
Víctor Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de Tucumán, remarcó la importancia de la obra pública para el desarrollo porque “no hay ningún país que pueda mejorar su calidad y competitividad sin obras públicas”, y destacó la producción de empleo directo con la construcción y el impacto en la economía.
En tanto, Gonzalo Bardoneschi, subsecretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Tres de Febrero, requirió “confiar en el mercado”. “Si nosotros pretendemos resolver el acceso a la vivienda de espaldas al mercado y que el Estado se haga cargo de solventar el 100% del déficit habitacional, estamos condenados al fracaso”, sentenció.
También expusieron Santiago Maggioti, subdirector del Grupo Bapro; Joaquín Labagnara, presidente de cooperativa adherida a la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT); Marcelo Medina, titular cooperativa Vencedores Vencidos – Movimiento de Trabajadores Excluidos; Ricardo Inti Alpert, director de la Consultora Tecnopolítica; y José Emir Andraos, intendente de Tunuyán, de la provincia de Mendoza.
Al comienzo del encuentro, se avalaron a los diputados Hernán Urien (LLA), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Claudio Álvarez (Innovación Federal) para ocupar las secretarías que quedaban pendientes de nombramiento.
