Al igual que lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, el legislador presentó un escrito a través de su abogado en el que tildó de “inconstitucional” el procesamiento dictado a fines del año pasado por el juez federal Julián Ercolini.
Además, los involucrados solicitaron al magistrado que declare la nulidad de la causa por falta de pruebas y rechazaron el monto de 10.000 millones de pesos del embargo que se les aplicó cuando los procesaron.
También, pero desde la acusación, apeló el fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a la falta de mérito que favoreció a Abel Fatala, quien fue subsecretario de Obras Públicas.
Será la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia, la que deberá revisar la decisión de Ercolini.
