La iniciativa busca habilitar el uso de métodos científicos no invasivos o mínimamente invasivos para determinar las causas de una muerte. Pretenden actualizar la legislación a los avances de la medicina forense, otorgar valor probatorio pleno a estas técnicas y contemplar objeciones religiosas o culturales de los familiares del fallecido.
El diputado nacional Sebastián Galmarini presentó un proyecto de ley para incorporar al proceso penal argentino métodos científicos no invasivos o mínimamente invasivos como alternativa válida a la autopsia convencional en los casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad. La iniciativa, registrada bajo el expediente 3229-D-2026 y girada a la Comisión de Legislación Penal, modifica disposiciones tanto del Código Procesal Penal de la Nación como del Código Procesal Penal Federal.
La propuesta sustituye los artículos que actualmente obligan a realizar autopsias, permitiendo que pueda aplicarse “otro método que científicamente cumpla su fin” cuando resulte apto para determinar la causa de muerte. Además, establece que estas prácticas deberán ser realizadas por profesionales médicos habilitados con formación en medicina forense y que sus resultados tendrán el mismo valor probatorio que una autopsia tradicional.
Entre las técnicas contempladas se encuentra la denominada “virtopsia”, un procedimiento de examen post mortem basado en estudios por imágenes, como tomografías computadas, resonancias magnéticas y angiografías, que permite reconstruir digitalmente el cuerpo sin necesidad de abrir el cadáver. Según los fundamentos del proyecto, en determinados casos este método puede igualar o incluso superar la precisión de la autopsia convencional.
Galmarini sostiene que la legislación vigente quedó desactualizada frente a los avances de la ciencia forense. En ese sentido, recuerda que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema aprobó en enero de 2025 un protocolo para autopsias mínimamente invasivas y que la Procuración General bonaerense había adoptado una decisión similar en 2024, aunque mediante resoluciones administrativas y no a través de una ley de alcance general.
El proyecto también incorpora una dimensión vinculada al respeto de las creencias religiosas y culturales. La autoridad judicial competente, con asesoramiento del médico forense interviniente, podrá evaluar la utilización de métodos alternativos considerando las circunstancias del caso, la disponibilidad tecnológica y las objeciones fundadas que presenten familiares o representantes del fallecido. Los fundamentos mencionan especialmente las tradiciones judía y musulmana, que promueven la preservación de la integridad corporal de los difuntos.
Entre las ventajas señaladas figuran además los beneficios sanitarios para el personal forense, al reducir la manipulación directa de cadáveres y la exposición a agentes biológicos potencialmente peligrosos. Asimismo, destaca que los registros digitales obtenidos mediante virtopsias constituyen pruebas permanentes y reproducibles que pueden ser revisadas o reanalizadas durante cualquier etapa del proceso judicial.
La iniciativa aclara que la autopsia convencional continuará siendo el procedimiento de referencia y que la decisión sobre la utilización de métodos alternativos seguirá en manos de jueces o fiscales, según el régimen procesal aplicable. El objetivo, señala Galmarini, es que la normativa procesal penal acompañe los avances científicos sin afectar la eficacia de las investigaciones judiciales.
