La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) envió este jueves a los legisladores provinciales un documento rechazando el proyecto de ley que reforma el fuero penal juvenil.
Según se informó desde la CPM, la propuesta “improvisada e inconsistente” fue enviada por el gobierno provincial en 2017 “sin datos estadísticos actualizados que justifiquen la reforma que afecta derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes(NNyA)”.
“Sólo beneficia los intereses corporativos de jueces y fiscales que reclaman ampliar los plazos de detención de los jóvenes en comisarías para no trabajar en horarios nocturnos”, precisaron desde ese organismo.
Asimismo, la CPM advirtió que el proyecto “consolida una perspectiva punitivista como único camino para dar respuestas a los problemas sociales de seguridad”.
“Mientras tanto, la situación de la niñez es crítica, las políticas de niñez están desfinanciadas y el Estado incumple con el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños (ley 13298)”, agregó la nota.
En tanto, recordó que el proyecto de ley en cuestión discutirá la unificación de las competencias de los Juzgados de Garantías del Joven con las de los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil, para que “todos puedan intervenir tanto en la etapa de investigación como en el eventual juzgamiento”.
La iniciativa se funda en el “desigual caudal de trabajo” entre Juzgados de Garantías del Joven con relación a los Juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil.
Sin embargo, la CPM denunció que “las estadísticas que se citan para fundamentar la iniciativa están desactualizadas y relevan menos de un tercio de la totalidad de los Departamentos Judiciales de la provincia”.
“El proyecto se sustenta en datos de 2015 que ya han cambiado. Incluso desde 2014 a 2017, la cantidad de procesos del joven bajaron de 3.317 a 2.452, disminuyendo casi en un tercio el trabajo de los jueces de garantías, lo que hace caer el principal argumento que sustenta la reforma”, acotó la CPM a través de un comunicado.
Por ese motivo, la CPM resaltó su preocupación “sobre las consecuencias de esta reforma, en relación a la obligación del Estado de promover y proteger integralmente los derechos de niños, niñas y adolescentes y la perspectiva punitivista que puede consolidarse con la eliminación de los Juzgados de Garantías del Joven”.
Además, argumentaron que “la situación del sistema penal juvenil no puede entenderse ni pensarse sin discutir la grave crisis del sistema de promoción y protección de los derechos de los niños. El Poder Ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha con su responsabilidad de poner en funcionamiento todos los dispositivos previstos en la ley (Comisión Interministerial, Defensor del Niño, Observatorio Social, Consejos Locales, entre otros) e impulsar políticas y programas específicos orientados a la promoción y protección de derechos”.
“En virtud de este escenario, y ante la preocupación que genera el proyecto, la CPM reclama que se discutan los problemas centrales del sistema de responsabilidad penal juvenil”, concluye la nota.
