La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió con el ministro de Justicia bonaerense, Carlos Mahiques, para plantear la necesidad de buscar una respuesta urgente ante las graves violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro, y de la policía bonaerense en el territorio.
En ese orden, se presentó una agenda de trabajo que contiene entre otros puntos la implementación de políticas de prevención, sanción y asistencia de la tortura, la designación del Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura y el pase al Ministerio de Salud de la salud penitenciaria.
En tanto, en materia de justicia se pidió la implementación de la Policía Judicial y de Fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional.
Con la presencia de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, la CPM omisión Provincial entregó al funcionario provincial un documento con las principales líneas de trabajo en materia de seguridad y justicia que viene realizando la CPM.
Las preocupaciones planteadas contemplaron la superpoblación y hacinamiento, ruinosas condiciones edilicias, falta o ineficiente acceso a la salud y la educación, torturas sistemáticas y corrupción estructural.
La CPM ha denunciado reiteradamente la grave situación de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ese diagnóstico fue recientemente avalado por una auditoría interna encargada por la gobernadora María Eugenia Vidal, realizada por el Ministerio de Justicia, y reconocida por los representantes del gobierno nacional y provincial en la reunión de trabajo convocada por la CIDH el pasado mes.
Frente a este panorama, como ya lo hiciera en una reunión con la gobernadora, la Comisión planteó la necesidad de iniciar una verdadera lucha contra la corrupción penitenciaria y policial, y volvió a solicitar la implementación de políticas públicas de prevención, sanción y asistencia de la tortura.
Entre las medidas que pueden contribuir con este objetivo, para la CPM es imprescindible que la provincia designe un mecanismo de prevención de la tortura tal como lo estipula el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de la ONU.
El organismo también reclamó que la Dirección de Salud Penitenciaria pase a depender del Ministerio de Salud de la provincia para articular e integrar las políticas sanitarias en los lugares de encierro. Este pedido surge del alarmante déficit de funcionamiento de la salud penitenciaria que se traduce la gran cantidad de personas que mueren por enfermedades curables y se agravan en el encierro.
Como se expuso recientemente el organismo en una mesa de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la provincia de Buenos Aires registra en la actualidad la mayor cantidad de personas privadas de la libertad de toda su historia.
Sobre este punto, el documento entregado al ministro Mahiques señala que “el grave problema de la sobrepoblación y hacinamiento no se resuelve construyendo más cárceles, sino disminuyendo los índices de prisionización”. El Ministro expresó su total acuerdo en estos aspectos según admitieron desde la CPM a través de un comunicado de prensa.
