LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ENVIÓ AL SENADO EL PROYECTO DE LEY PARA OBLIGAR A LOS FUNCIONARIOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO Y A COMISARIOS Y SUBCOMISARIOS DE LA POLICÍA A PRESENTAR SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES.
La norma ya había sido establecida mediante el decreto 116, con fecha del 29 de febrero, y ahora Vidal pretende que se convierta en ley.
Los funcionarios comprendidos están obligados a la presentación de esta declaración, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”, y afecta a la gobernadora, vicegobernador, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo.
También, la medida (remitida anoche a la legislatura bonaerense) abarca al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”.
Incluye, además, al presidente, miembros del directorio y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos de empresas, sociedades y otros entes bajo la órbita o participación del Estado.
Asimismo, se contempla al personal que intervenga en el “manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos”.
“Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía”, dice el texto.
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