El vocero presidencial Adrián Ravier rechazó cualquier tipo de asistencia estatal para los millones de argentinos ahogados por la morosidad. Acusó al Congreso anterior de generar el problema y prometió que la solución vendrá de la baja de inflación y tasas. Los datos, sin embargo, muestran que la irregularidad financiera familiar ya supera el 15% si se suman bancos y billeteras virtuales.
El Gobierno nacional cerró definitivamente la puerta a cualquier forma de asistencia estatal para las familias que no pueden hacer frente a sus deudas con el sistema financiero. En conferencia de prensa este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier descartó toda intervención pública y ratificó la posición del presidente Javier Milei: el endeudamiento familiar es un asunto del sector privado y debe resolverse entre privados.
«Un problema entre privados»: la doctrina oficial ante la crisis de deudas
«Nosotros creemos en las soluciones privadas, porque además este es un problema entre privados. ¿Cómo ayuda el Gobierno? Bajando la inflación, bajando las tasas de interés. No bajan porque automáticamente lo haga el presidente del Banco Central de manera arbitraria; esto tiene que ser un proceso genuino que ocurre volviendo al ahorro», sostuvo Ravier. La frase resume con precisión el núcleo ideológico del programa libertario: el Estado no interviene en mercados que considera privados, aun cuando el impacto social sea masivo.
El vocero también rechazó de manera explícita cualquier medida de ayuda directa a los afectados. «Lo que dijo recientemente el Presidente es que si nosotros pretendemos ayudar a aquellos que la están pasando mal, poniéndole plata de otras personas en el bolsillo, eso viola un derecho de propiedad. Nosotros no vamos con esa solución, no vamos a darle un Plan Platita a la gente que la está pasando mal para darle una solución parcial», declaró. Y añadió: «Ese modelo ya lo vivimos y nos llevó a la miseria total. Más de 50% de la gente llegó a estar por debajo de la línea de pobreza. Estuvimos más de 12 años sin crecimiento económico, con un nivel de inflación arriba del 200%, producto del Plan Platita».
La culpa, al Congreso; la solución, al mercado
Ravier también apuntó contra el Poder Legislativo como corresponsable de la crisis actual. «Haber tenido el Congreso que tuvimos antes de octubre de 2025, aprobando proyectos de ley sin ningún financiamiento y generando incertidumbre, y hasta un golpe de mercado en cierto modo, que afectó los ingresos, la inflación, el tipo de cambio y demás, no es gratuito. Todavía estamos pagando los costos de un 2025 difícil, en donde con mucha irresponsabilidad alguna cantidad de legisladores aprobaron proyectos de ley con irresponsabilidad fiscal, por lo menos. Nosotros no queremos volver a ese escenario», definió.
En cuanto a las perspectivas, el portavoz se mostró optimista sin ofrecer plazos concretos: «Estamos superando esto, los datos lo muestran, estamos revirtiendo el incremento de las moras, ahora está empezando a detenerse el crecimiento, incluso a bajar, y creemos que entre privados van a llegar a un refinanciamiento extendiendo plazos y bajando las tasas de interés que le van a dar una solución a este problema».
El contraste con los datos: 5,8 millones de morosos
Las declaraciones de Ravier se producen en un contexto en el que la crisis de endeudamiento familiar acumula casi dos años de deterioro sostenido. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con datos del Banco Central (BCRA) hasta mayo de 2026, la morosidad de las familias con el sistema bancario alcanzó un máximo del 12,3%, con 19 meses consecutivos de subas. Si se suman las billeteras virtuales, donde la irregularidad trepó al 29,6% (por encima del pico pandémico del 27,1% registrado en mayo de 2020), la tasa combinada de mora familiar asciende al 15,5%.
El número de morosos se ubica en torno a los 5,8 millones de personas, unos 3,4 millones con billeteras virtuales y 1,3 millones con bancos, con cerca de 1,1 millones afectados en ambos sistemas simultáneamente. La deuda familiar en situación irregular representa ya el 73% del saldo irregular total del sector privado, con picos del 12,5% en tarjetas de crédito y 14,9% en préstamos personales; los instrumentos que las familias utilizan para cubrir consumo básico ante la caída del poder adquisitivo del salario.
El escenario contrasta además con la postura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en julio impulsó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal creado bajo la Ley N° 6.959, promovido por la oposición legislativa porteña, que ofrece refinanciación con tasa fija del 3,5% mensual hasta 48 cuotas. La Libertad Avanza fue el único bloque en votar en contra de esa iniciativa en la Legislatura porteña, lo que exhibe una coherencia doctrinaria: ni en la Ciudad ni en la Nación el espacio libertario acepta marcos regulatorios de alivio para deudores.
Mientras el Gobierno espera que el mercado encuentre sus propias soluciones, millones de familias argentinas navegan una mora que ya supera los registros de la crisis post-convertibilidad en el segmento de billeteras digitales y que exhibe la irregularidad bancaria más alta desde 2004 en el segmento de crédito formal.
