EL EX VICEPRESIDENTE SE PRESENTARÁ ANTE EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO, LUEGO DE QUE SE LE CONCEDIERA UNA PRIMERA POSTERGACIÓN A ESA CITACIÓN JUDICIAL, EN UNA CAUSA QUE LO INVESTIGA POR ANOTAR UN DOMICILIO EN EL QUE NUNCA VIVIÓ EN UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
Boudou está citado para las 9 en el juzgado de Lijo, en el tercer piso de los tribunales federales de Retiro, pero podría presentarse antes de ese horario, adelantaron fuentes judiciales.
De esta forma, el ex vicepresidente concurrirá al mismo juzgado en el que ya fue procesado en la causa que investiga la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica al grupo The Old Fund y donde también tiene abierta una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.
No obstante, en esta ocasión, será indagado por haber consignado en su DNI la dirección de una casa en el barrio porteño de Villa Urquiza en la que nunca vivió.
Se trata de un delito que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión por insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un instrumento público, contemplada en el artículo 293 del Código Penal.
La causa contra Boudou por los datos falsos en el documento se abrió a raíz de información surgida del legajo del Registro de la Propiedad Automotor, adonde se asentó la compra de un automóvil Audi A4 que usaba la ex novia del ex funcionario, Agustina Kampfer.
La mujer denunció un robo dentro de ese vehículo en septiembre de 2014 y, a raíz de ese hecho, se abrió una investigación judicial.
El auto figuraba como perteneciente a Boudou con domicilio en Zado 3231, de Villa Urquiza.
También estaba esa dirección en la cédula verde y allí llegaban boletas de infracciones que no eran abonadas.
Al momento de consignar ese domicilio, Boudou se desempeñaba en la Anses y, según la causa, en ese lugar vivía un empleado de ese organismo que se desempeñaba como jefe de Seguridad.
Boudou deberá volver a Comodoro Py el 29 de junio próximo, salvo que pida postergación, a ser indagado por otro juez, Sergio Torres, en una causa por la adquisición de 19 vehículos de alta gama para el Ministerio de Economía y por los cuales se habrían pagado sobreprecios en una licitación “direccionada”, según la acusación.
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