Así lo afirmó el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, en diálogo con Télam, al conmemorarse este viernes el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, instituido en 2012 en recuerdo de la “Masacre de Ingeniero Budge” en la que tres jóvenes fueron asesinados en 1987 por efectivos policiales.
El abordaje y la lucha contra la violencia institucional continúa siendo una asignatura pendiente para la democracia, a pesar de los avances significativos que se han registrado en los últimos años como lo demuestran los casi 800 funcionarios públicos imputados actualmente por delitos vinculados a esa materia.
A dos años de su creación, Córdoba hizo un balance “altamente positivo” de la labor que viene desarrollando la Procuvin y destacó que recién ahora el ministerio público cuenta con información detallada de “cómo se produce la violencia, y cuáles son los métodos de tortura y sometimiento que se utilizan”.
La violencia institucional se define como aquella que es ejercida por funcionarios, profesionales y agentes pertenecientes a cualquier institución pública, en perjuicio de los ciudadanos, generalmente en contextos de encierro como comisarías, cárceles, institutos de menores, que constituyen prácticas violatorias de los derechos humanos.
“No había un abordaje de este tema que era necesario trabajar y ahora lo hay, abarcando tres temas centrales y críticos en las instituciones de la democracia, como son la corrupción en las fuerzas de seguridad, la violencia policial y en las instituciones de encierro como cárceles”, explicó Córdoba.
Una de las misiones de la Procuvin fue abordar el déficit en la información pública sobre violencia institucional y sistema penal que existía, lo cual permite ahora que jueces y fiscales cuenten con estadísticas actualizadas que habilita a “darle contexto” a los hechos que se producen.
Entre las materias pendientes, el titular de la Procuvin puso énfasis en el “número alarmante de muertos” que se producen en las cárceles de todo el país así como las “situaciones de tormentos” que se viven cotidianamente en perjuicio de los personas privadas de su libertad.
Córdoba acaba de llegar de una inspección en la cárcel de Rawson, donde los funcionarios públicos abordan ilegalmente a los detenidos con facas y los lesionan en “situaciones de criminalidad burdas y primitivas”, según denunció.
“Está pendiente comprender la dimensión que implica la violación de los derechos humanos en este contexto, porque el sufrimiento de una persona -como puede ser un detenido- produce la deslegitimación de todo el sistema judicial”, aseveró.
Córdoba se centra principalmente en el “sufrimiento” de la persona que “sabe que va a ser torturada durante años y que no puede denunciar esos hechos porque sino eleva su riesgo de muerte”.
Entre los avances, destacó el número de 790 funcionarios públicos imputados actualmente por hechos de violencia institucional, y dijo que “no hay ni complicidad absoluta ni un avance absoluto, sino mucha gente que trabaja bien y otros sectores reticentes a estos avances significativos”.
Su tarea se basa en la investigación, el acercamiento a las víctimas y poder darles acceso directo al sistema de justicia.
“Hacemos una tarea preventiva de la violación de los derechos humanos, lo cual implica ir a los lugares y seguir de cerca los hechos porque cuando un detenido denuncia, es castigado, golpeado, dormido con psicofármacos. Nuestra misión es salvar esas vidas e interrumpir los delitos que se cometen contra ellas”, dijo.
El titular de la Procuvin expresó que si bien en general la sociedad “repudia este tipo de hechos espantosos”, muchas otras veces -impulsados por ciertos discursos comunicativos- “esas mismas personas no son consideradas víctimas porque son estigmatizadas y se los vincula con determinados estereotipos”.
“Aquí se instala una doble violencia. Nos cuesta reconocer y ver en esas personas a víctimas que tienen derecho a la justicia, la integridad y que no se las mate impunemente”, concluyó.
En ese marco, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional busca “recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas de seguridad, promoviendo la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos”, según indica la ley que lo instituyó.
Conocida como la “Masacre de Ingeniero Budge”, el 8 de mayo de 1987, los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz fueron asesinados por efectivos policiales, en uno de los primeros casos de gatillo fácil que generó una importante movilización de los organismos de derechos humanos.
http://www.telam.com.ar/notas/201505/104205-violencia-institucional-imputados-procuvin-abel-cordoba.html
