La iniciativa, que ya venía anunciando en los medios, propone crear un registro obligatorio para plataformas de e-commerce extranjeras, aplicar un arancel del 30% a envíos por courier y establecer responsabilidad solidaria por tributos.
El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó finalmente su proyecto de ley que apunta a regular la comercialización de productos importados ofrecidos por plataformas de comercio electrónico extranjeras que operan en Argentina sin radicación local. La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto del e-commerce global en la industria nacional y el empleo formal.
La iniciativa establece la creación de un Registro Nacional de Comercio Digital Extranjero, en el que deberán inscribirse las plataformas y sus representantes en el país. Sin esta inscripción, no podrán cursarse pagos ni despacharse envíos. Además, las plataformas serán solidariamente responsables por tributos internos, aranceles y certificaciones cuando intermedien ventas a consumidores argentinos sin proveedor local inscripto.
La propuesta, ingresada bajo el número 6501-D-2025 y que es acompañada por sus pares Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot, busca establecer reglas claras para las plataformas de comercio electrónico extranjeras que venden productos en Argentina sin radicación local. Entre los puntos centrales:
- ◆ Registro Nacional: Las plataformas deberán inscribirse en un registro oficial y designar representantes en el país. Sin este requisito, no podrán cursarse pagos ni despacharse envíos.
- ◆ Responsabilidad solidaria: Las empresas serán responsables por tributos internos, aranceles y certificaciones cuando intermedien ventas sin proveedor local inscripto.
- ◆ Arancel del 30%: Todo producto ingresado por régimen courier pagará un arancel del 30% sobre el valor CIF, sin mínimos exentos ni beneficios. Solo se permitirá una compra anual por persona física o jurídica de hasta USD 100 sin este recargo.
- ◆ Revocación de normas previas: Se eliminan disposiciones que faciliten el ingreso irrestricto de mercaderías.
En los fundamentos, Pichetto advierte que la proliferación de plataformas extranjeras “erosiona la industria nacional y el empleo formal”, y cita ejemplos de Estados Unidos, Uruguay y Francia que adoptaron medidas similares para proteger su producción.
Arancel aduanero
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la imposición de un arancel aduanero del 30% sobre el valor CIF de las mercaderías ingresadas mediante el régimen courier, sin mínimos imponibles ni exenciones. Solo se permitirá una compra anual por persona física o jurídica de hasta USD 100 sin el pago del arancel.
En los fundamentos, Pichetto advierte que la proliferación de plataformas extranjeras “compite en forma desigual con las empresas argentinas, que invierten en maquinaria, generan empleo formal y cumplen con todas las obligaciones legales”. El legislador sostiene que “cada paquete que entra al país sin control bajo el régimen courier representa un golpe silencioso a la producción nacional, al trabajo formal y a la recaudación fiscal”.
El proyecto se inspira en medidas similares adoptadas por países como Estados Unidos, Uruguay y Francia, que han avanzado en regulaciones para equilibrar el comercio digital y evitar prácticas de competencia desleal. “No hay desarrollo económico sostenible sin industria nacional sólida”, enfatizó Pichetto, quien aclaró que la propuesta “no busca cerrar la economía ni limitar la innovación, sino garantizar reglas claras para que la integración al mundo no signifique precarización ni pérdida de dignidad para nuestra industria”.
La polémica con Galperín
Pichetto y Marcos Galperín protagonizaron un cruce público en redes sociales. El legislador sostuvo que “el Congreso debe regular esta economía y cuidar el empleo argentino”, mientras que el fundador de Mercado Libre respondió: “No estoy preocupado, competimos con éxito con Shein y Temu en muchos países”. Pichetto retrucó: “Mejor empezá a preocuparte… las plataformas chinas te van a pasar por arriba”.
El intercambio reavivó la discusión sobre el rol del Estado en la economía digital y la necesidad de equilibrar innovación con protección industrial.
La iniciativa promete abrir un intenso debate legislativo: ¿es una defensa legítima de la industria nacional o un freno a la competencia global? Mientras tanto, el proyecto ya puso en el centro de la escena la tensión entre regulación y libertad de mercado en la era del e-commerce.
