El juego online ya recauda récords, pero el 75% de las apuestas opera fuera del sistema

Edea
Mundo Marino
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Los impuestos sobre el juego digital sumaron alrededor de $17.000 millones en octubre de 2026, un 47% más que en el mismo mes del año anterior, cuando la cifra rondaba los $11.500 millones. Ese salto, registrado por Clarin, retrata un sector en expansión sostenida, aunque con una paradoja de fondo: el Estado captura más que nunca dentro del circuito formal, mientras pierde mensualmente miles de millones por la porción del mercado que opera en la ilegalidad.

La recaudación formal escala pero sigue siendo marginal frente a otras fuentes

El punto más alto de la serie se alcanzó en julio de 2026, con unos $18.600 millones, el registro mensual más elevado desde que existen datos. El impulso llegó principalmente de las apuestas deportivas asociadas al Mundial. Desde entonces la cifra bajó, pero se sostiene en niveles que antes eran impensados para esta categoría tributaria.

La consultora Analytica lo sintetizó con precisión: “En octubre, creció 39,8% respecto a un año atrás en términos reales, es decir descontada la inflación, y en el acumulado del año subió 41,3%. Si bien se redujo después del pico del Mundial por las apuestas deportivas, se mantiene en niveles récord.”

El crecimiento relativo es llamativo, pero la escala absoluta sigue siendo modesta. La recaudación por juegos de azar y apuestas representa apenas el 0,1% del total de los ingresos fiscales del país. En España, el Reino Unido y Brasil esa proporción se ubica entre el 0,5% y el 0,7%, entre cinco y siete veces más. La consultora Econviews, en base a datos de ARCA, señaló que “en la Argentina la presión impositiva sobre el juego es relativamente baja: la recaudación sobre juegos de azar y apuestas representa 0,1% del total, mientras que en esos países ronda entre 0,5% y 0,7%, hasta cinco y siete veces más.”

La comparación con otros tributos internos también ilustra el peso aún acotado del sector. Econviews precisó que “por cada $ 1 que se recauda sobre el juego online, se recaudan $ 10 en impuestos al tabaco, pero hace dos años la relación era 1 a 20.” La brecha se acortó a la mitad en ese período. En 2024 el juego online representaba apenas el 0,02% de la recaudación fiscal total; en 2026 ya supera el 0,1%.

Operadores regulados sostienen el sistema mientras los sitios ilegales no tributan nada

Zigmas Pekarskas, Co-Founder & CEO de Smart Betting Guide y analista de mercados deportivos digitales, observa de cerca la economía de este sector y señala una asimetría estructural que los números de recaudación no reflejan por sí solos. Las casas de apuestas online reguladas son las que tributan dentro del sistema formal y operan bajo controles estatales, a diferencia de los sitios que funcionan fuera de cualquier esquema legal.

“Los operadores con licencia sostienen la recaudación formal, pero compiten en condiciones desiguales frente a sitios que no pagan impuestos ni aplican ningún tipo de control. Esa asimetría no es un problema del mercado; es un problema de regulación.”

El contraste es concreto. Los operadores legales están sujetos a hasta 18 pasos de verificación, entre ellos declaración jurada y reconocimiento facial. Los ilegales, en cambio, no tributan ni aplican ninguno de esos controles.

El régimen tributario de los operadores con licencia

Los sitios habilitados operan bajo el dominio “.bet.ar” y deben cumplir un esquema tributario de varios niveles. A nivel nacional pagan el impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online, establecido por la Ley 27.346 a fines de 2016, además de IVA y Ganancias. A nivel subnacional afrontan alícuotas de Ingresos Brutos que varían según la jurisdicción: la Ciudad de Buenos Aires aplica un 6%, Mendoza un 12% y la Provincia de Buenos Aires un 15%.

Los flujos jurisdiccionales son concretos. La Ciudad de Buenos Aires acumuló $13.034 millones en concepto de juego online entre enero y octubre de 2026; solo en octubre ingresaron $1.514 millones. En CABA operan 11 plataformas de forma legal. La Lotería de la Ciudad explicó que “las utilidades del juego se giran al Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas para financiar programas de asistencia y desarrollo social.”

La Provincia de Buenos Aires, por su parte, recibió alrededor de $9.883,3 millones en octubre, equivalente al 10% de la utilidad bruta total declarada, que ascendió a $98.833 millones. Siete plataformas operan con habilitación provincial. La Lotería de la Provincia señaló que “este canon es distribuido, principalmente, a rentas generales y municipios.”

A estos flujos se suma una carga adicional. La Ciudad cobra un fee anual de US$100.000 a cada operador habilitado. La Provincia retiene un 2% sobre los premios de juegos de resolución inmediata como los slots, con esos fondos destinados a programas de prevención de la ludopatía como el FOPIS.

El juego ilegal se lleva el 75% del mercado y $6.000 millones por mes

El dinamismo del circuito formal convive con una realidad que lo opaca en magnitud. Se estima que el 75% de las apuestas en Argentina opera en la ilegalidad, lo que genera una pérdida de recaudación de alrededor de $6.000 millones adicionales por mes. Esos operadores no tributan ni aplican los controles que el sistema regula para los actores habilitados, desde la verificación de identidad hasta los mecanismos de juego responsable.

Los operadores con licencia presionan por una regulación pareja. El argumento es directo: compiten contra plataformas que no cargan con impuestos, no pagan cánones y no deben cumplir ninguna de las 18 instancias de control que el Estado les exige a ellos. La desventaja no es menor.

El debate legislativo que podría resolver parte de esa asimetría lleva años detenido. Un proyecto de regulación aprobado en la Cámara de Diputados hace dos años pierde estado parlamentario a finales de noviembre de 2026, con el debate paralizado en el Senado. Si el tiempo expira sin que el Senado actúe, el proceso legislativo deberá reiniciarse desde cero, mientras el mercado ilegal continúa operando sin restricciones y el Estado sigue resignando los miles de millones que ese segmento no vuelca al fisco.

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