Con el objetivo de dar una respuesta concreta a “las históricas deficiencias del suministro eléctrico” que afectan a zonas rurales, pequeñas comunidades y pueblos del interior bonaerense.
La iniciativa es impulsada por el diputado radical Valentín Miranda, que presentó un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Fortalecimiento Energético mediante Generación Renovable y Almacenamiento.
La iniciativa, acompañada por sus pares del bloque Alejandra Lordén y Priscila Minnaard, busca canalizar inversiones públicas, privadas y mixtas para instalar parques solares fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento y obras complementarias en áreas con restricciones de abastecimiento.
“Buscamos brindar una solución real y sustentable a miles de vecinos y sectores productivos del interior que sufren interrupciones frecuentes en el suministro de la luz”, remarcó Miranda.
Y agregó: “no venimos a reemplazar las obligaciones que las empresas distribuidoras tienen por contrato, sino a sumar una herramienta innovadora de planificación territorial que transforme necesidades concretas en obras reales y en más empleo para la provincia”.
El proyecto ideado por Miranda establece la creación de un Mapa Provincial de Áreas Prioritarias de Fortalecimiento Energético, una herramienta que determinará cuáles son los puntos más críticos que requieren intervención urgente, basándose en aspectos como: la frecuencia de cortes, calidad del servicio y capacidad de la red.
Asimismo, se incorpora como eje central la creación del Banco Provincial de Tierras Energéticas, orientado a identificar y poner a disposición inmuebles fiscales o privados aptos para la rápida colocación de infraestructura solar. Para los desarrollos privados, el Régimen prevé la concesión gratuita del suelo por un plazo de 20 años.
Para atraer capitales y dinamizar la economía en las regiones más postergadas, la propuesta impulsada por Miranda otorga incentivos por 15 años, que incluye exenciones tributarias en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Sellos; estabilidad fiscal provincial y líneas crediticias preferenciales del Banco Provincia.
A su vez, Miranda fijó exigencias estrictas de impacto territorial para las empresas inversoras: deberán garantizar que al menos el 70% del personal contratado tenga domicilio real en la provincia de Buenos Aires y destinar un mínimo del 50% de sus contrataciones a proveedores bonaerenses.
