La iniciativa enviada al Congreso agrava penas y multas por la explotación ilegal de recursos naturales en Malvinas, crea un Consejo de Seguridad Nacional y modifica la legislación de defensa e inteligencia.
1. Deroga la ley vigente sobre explotación de recursos en Malvinas
La iniciativa reemplaza la Ley 26.659 y amplía su alcance más allá de la actividad hidrocarburífera para abarcar cualquier aprovechamiento de recursos naturales sin autorización argentina.
2. Multas mucho más severas
Las sanciones administrativas podrán ir desde 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo equivalentes.
3.Inhabilitación para operar en la Argentina
Los infractores podrán ser inhabilitados entre cinco y veinte años, perder habilitaciones, beneficios fiscales y contratos.
4. Prohibición de contratar con empresas argentinas
No sólo el Estado tendrá vedado contratar con sancionados: tampoco podrán hacerlo personas o empresas radicadas en el país.
5. Penas de hasta 20 años de prisión
La explotación de recursos naturales no renovables y la extracción de hidrocarburos sin autorización podrán castigarse con penas de entre 12 y 20 años de cárcel.
6. Castigo a proveedores y socios
Se incorpora una figura penal para quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que operen ilegalmente en la zona en disputa.
7. Juicios en ausencia
El proyecto habilita procesos penales aun cuando los acusados no se encuentren a disposición de la Justicia argentina.
8. Régimen de regularización
Las empresas o personas que abandonen las actividades prohibidas podrán acogerse a un esquema de desistimiento y regularización para extinguir sanciones y acciones penales bajo determinadas condiciones.
9. Creación del Consejo de Seguridad Nacional
El organismo será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, ministros clave, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
10. Reforma la Ley de Defensa Nacional
La propuesta redefine el concepto de Defensa Nacional e incorpora riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, además de la protección de infraestructuras críticas.
