Mario Negri, jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos, presentó un proyecto para que el órgano realice un “chequeo previo” de los funcionarios no electos antes de ser designados.
Tras días de fuerte debate interno en la Unión Cívica Radical, el partido centenario arribó a una conclusión unánime: las últimas sospechas de corrupción y conflicto de intereses en el seno del Pro hicieron mella en la imagen de un gobierno que todavía busca el repunte económico. Por eso, en la Cámara de Diputados se presentó una propuesta legislativa para reforzar la meta de la transparencia.
El proyecto fue presentado este lunes por Mario Negri, jefe del bloque radical y del interbloque Cambiemos, y acompañado por sus pares Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze. Lo que hace la iniciativa es modificar la Ley de Ética Pública 25.188, para que la Oficina Anticorrupción (OA) actúe preventivamente en la regulación de conflicto de intereses, antes de la designación de funcionarios.
“Proponemos que se capitalice la experiencia de la Oficina Anticorrupción para que su intervención sea temprana y de carácter preventivo, especialmente en materia de regulación de los conflictos de intereses”, plantearon los diputados radicales.
Negri explicó que “la idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir”.
En el proyecto se establece que “aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir”.
Los cargos que abarca la iniciativa son los de jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, y titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.
Según el proyecto, la OA deberá “analizar los antecedentes laborales, profesionales y los intereses sociales y patrimoniales de los candidatos en el marco de las normas sobre ética pública”, y formular “las indicaciones y recomendaciones que pudieren corresponder”.
Para eso, el órgano podrá “tomar en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles”, y además “requerir información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares”.
La iniciativa plantea medidas preventivas que deberá tomar la OA, órgano que deberá realizar un dictamen -de carácter público- referido “a la eventual designación en el cargo del candidato o aspirante que podrá ser en el sentido de recomendación a reparar la situación detectada, a no avanzar con la designación o la potencial intervención de otras autoridades según el caso específico”.
El proyecto fue presentado en momentos donde se encuentra bajo consulta pública el anteproyecto de ley del órgano encabezado por Laura Alonso para reformar integralmente la Ley de Ética Pública, con nuevas regulaciones sobre conflicto de intereses, nepotismo, recepción de obsequios y declaraciones juradas.
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