Y agregó: “Queremos poner en marcha un régimen penal juvenil. Vivimos en un país donde a pesar de que necesitamos recuperar a los menores con conflicto con la ley, solamente reciben 3 horas por días de educación. El actual sistema de menores sólo tiene el 9% de sus empleados docentes, el resto es todo politiquería. Tenemos que hacer establecimientos educativos de recuperación de menores pero también bajar la edad de imputabilidad. Tenemos la firme decisión de combatir la inseguridad con un modelo que establezca premios y castigos, con procesos de recuperación: cárcel fábrica para que el preso pague, establecimientos educativos para menores y terapéutico para aquellos con adicciones”.
Un año antes, el entonces gobernador Daniel Scioli anunciaba el decreto de la emergencia en seguridad pública por el término de un año en la provincia de Buenos Aires, y en ese marco expresó que “nuestra Nación se debe el debate respecto a un nuevo régimen penal juvenil, a fines de adecuar los estándares normativos a los pactos internacionales suscriptos. Aún tenemos una norma que emanó de la dictadura militar y que ha sido cuestionada por nuestra Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Esa había sido en la campaña de las elecciones legislativas de 2013 una demanda sugerida en plena campaña por el primer candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que generó polémica y el rechazo del propio bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Ha llegado la hora de un tratamiento serio de un régimen penal juvenil”, señaló el 5 de abril de 2014 Scioli, durante la conferencia de prensa que dio en la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en esta capital.
