LA INICIATIVA DEL GOBIERNO NACIONAL FUE APROBADA POR LA CÁMARA BAJA LA SEMANA PASADA CON UN AMPLIO RESPALDO DE TODOS LOS SECTORES POLÍTICOS Y SÓLO CUATRO VOTOS EN CONTRA DE PARTE DE LA IZQUIERDA.
El proyecto, que apunta a facilitar el acceso a la información estatal y transparentar la gestión pública, ingresó en las últimas horas al Senado y ya fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Marcelo Fuentes (FPV) y de Presupuesto y Hacienda, que conduce Juan Manuel Abal Medina (FPV).
Desde el bloque oficialista de Cambiemos confían en que la propuesta recibirá amplio consenso, así como ocurrió durante su tratamiento en la Cámara de Diputados, la semana pasada.
En esa cámara hubo algunas modificaciones durante el tratamiento en particular de sus artículos, entre ellos una propuesta de la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-Cambiemos) y aceptada por el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (Unión PRO-Cambiemos), para limitar eventuales decisiones judiciales que eximan a los magistrados del alcance de esta ley.
Fuentes del Frente para la Victoria en el Senado informaron que acuerdan en general con la iniciativa “teniendo en cuenta que viene con mucha fuerza de la Cámara de Diputados” pero aclararon, no obstante, que se analizará artículo por artículo.
Hoy, la Asociación de Magistrados advirtió sobre el riesgo que subyace en el pedido de legisladores nacionales de que se hagan públicas las declaraciones juradas de los magistrados de todo el país, y pidió que sea “garantizada” la reserva para proteger la “seguridad” de los miembros del Poder Judicial y sus familias, y también para que esta cuestión no sea utilizada políticamente.
“Resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que, so pretexto de publicidad y transparencia, se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o departamento del gobierno federal distinto”, advirtió la Asociación de Magistrados en un comunicado que lleva la firma de su presidente, Ricardo Recondo, y su vicepresidente, Alejandro Sudera.
