EL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACIÓN CONVOCÓ A LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES PARA ESTE MIÉRCOLES ANTE EL PEDIDO DE LOS GREMIOS DEL SECTOR DE “ACELERAR” LAS NEGOCIACIONES PARITARIAS DE LA ACTIVIDAD PREVISTAS PARA AGOSTO.
“Vamos a plantear que se discuta el anuncio de una modificación a partir de junio de la alícuota de obra social que implica un costo que puede ser trasladado a los trabajadores”, explicó, a la vez que reclamará “un sinceramiento salarial” para el personal doméstico.
El sueldo actual del “Personal para tareas generales con retiro”, el más habitual del sector, es de 5.358 pesos por 8 horas de trabajo y la hora está establecida en 43 pesos.
Brassesco dijo también que la Upacp va a pedir la extensión a todo el país del beneficio tarifario de la tarjeta SUBE para el personal doméstico, que ya rige en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y la inclusión en el régimen de devolución del 15% del IVA por compras de productos de consumo masivo.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares está integrada por siete gremios, dos asociaciones civiles empleadoras, el Sindicato de Amas de Casa (Sacra) y el Emtracap (Empleadores de Trabajadores Comprendidos en el Régimen Especial de Trabajo para el Personal de Casas Particulares) y por funcionarios de los Ministerios de Economía, Desarrollo Social y Trabajo en representación del Estado Nacional.
Actualmente, de un total estimado de 1.150.000 empleadas domésticas que trabajan en todo el país se encuentran registradas unas 420.000 personas y se observa en los últimos 18 meses, según los especialistas, un estancamiento en el blanqueo de trabajadores.
El 29 de septiembre de 2015 se firmó el primer acuerdo paritario de la historia del sector que contempló un aumento salarial del 28 por ciento a pagarse en dos tramos.
El convenio de la actividad no sólo contempla a las empleadas domésticas sino también a los cuidadores no terapéuticos y los caseros, entre otros.
La ley que creó este régimen laboral fue promulgada en abril de 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la nueva norma reconoce así al personal del servicio doméstico los mismos derechos que al resto de los trabajadores del país, como vacaciones pagas, jubilación, indemnización por despido y una jornada de trabajo de 48 horas semanales como máximo.
