Legisladores peronistas presentaron un proyecto para invitar al embajador chileno en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a exponer ante la Comisión de Relaciones Exteriores. Buscan conocer el alcance de la conexión marítima anunciada y si podría ser utilizada para abastecer actividades de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para convocar al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la anunciada apertura de una ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
La iniciativa fue impulsada por los integrantes de esa comisión Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Nicolás Trotta, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita.
El proyecto propone que el diplomático chileno informe sobre tres cuestiones centrales: la posición oficial del gobierno de Chile respecto de la apertura de la ruta Punta Arenas-Malvinas y su compatibilidad con los compromisos asumidos en relación con la cuestión Malvinas; la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y la posible utilización de dicha conexión para abastecer proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía.
Según los fundamentos de la iniciativa, la convocatoria surge a raíz de informaciones periodísticas que señalan que la empresa chilena Easter Island Naviera prevé iniciar en noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar para abastecer comercialmente a las islas.
Los legisladores recuerdan que la Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, destacan que la Resolución 31/49 instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso de negociación recomendado por la ONU.
En ese sentido, advierten que resulta necesario esclarecer las características de la operación comercial anunciada, el papel de las autoridades chilenas, el tipo de mercaderías que serían transportadas y la eventual prestación de servicios logísticos a empresas que desarrollen actividades económicas bajo autorizaciones británicas en territorios cuya soberanía es reclamada por la Argentina.
El proyecto también plantea la conveniencia de analizar si podrían existir implicancias vinculadas con la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
Los autores sostienen que la cuestión adquiere especial relevancia ante los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos impulsados en torno a las Islas Malvinas, por lo que consideran indispensable determinar si la nueva ruta marítima podría facilitar el abastecimiento o apoyo logístico de esas actividades.
Asimismo, destacan que Chile ha expresado históricamente su respaldo a los derechos soberanos argentinos sobre las Malvinas, motivo por el cual consideran importante conocer cómo se compatibiliza esa posición diplomática con el establecimiento de nuevas conexiones comerciales con el territorio en disputa.
Para los diputados de UP, la presencia del embajador chileno en el Congreso permitiría obtener información oficial y evaluar las posibles consecuencias de la iniciativa para los intereses argentinos, en el marco del respeto al derecho internacional y de las relaciones bilaterales entre ambos países.
