A través de las redes, diputados apuntaron contra el Gobierno por “regalar una empresa estratégica” y “convertir un derecho en negocio”.
La oposición apuntó contra el Gobierno nacional luego de que este jueves abriera los sobres económicos para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la operación de los servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos 30 años.
“Otra privatización de lo nacional. Pero cuando hablamos de AySA, hablamos de un servicio esencial que llega a millones de hogares. La trampa es clara: si el negocio no cierra, lo vamos a pagar los argentinos y argentinas”, alertó el diputado Diego Giuliano (UP).
En otro post, sostuvo: “Remataron el agua de 14 millones de argentinos. Ahora el 90% de las acciones de AySA queda en manos privadas por US$340 millones”, y resaltó que “no estamos hablando de cualquier servicio: hablamos de agua potable, cloacas, salud y vida cotidiana”.
“Cada vez que Milei privatiza, la pregunta es la misma: ¿quién gana y quién termina pagando? El acceso al agua es un derecho que debe ser garantizado por el Estado. La posibilidad de millones de argentinos de acceder a un servicio esencial no puede quedar en manos de una empresa”, cerró.
El senador chaqueño Jorge Capitanich (UP) informó que presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) respecto a los hechos de “gravedad institucional que consisten en el secreto de las tasaciones, licitándose AySA sin base, no existiendo parámetro público para juzgar si la mejor oferta es aceptable, incumpliendo así de forma evidente la normativa dispuesta en las Leyes 23.696 y 27.742”.
“No podemos permitir que continúen vendiendo y entregando a nuestro país. Resulta tan grosero que ahora han decidido ocultarlo de las instituciones que deben justamente controlar el buen funcionamiento y garantizar la trazabilidad y transparencia de estos procedimientos”, apuntó.
Capitanich sostuvo que “este modus operandi del gobierno genera enormes perjuicios patrimoniales al Estado Nacional pretendiendo instalar un patrón de subvaluación de las empresas. Un Estado republicano de derecho debe garantizar la transparencia y el control entre poderes, es inaceptable que esto suceda en el país que habitamos y defendemos”.
La diputada de izquierda Romina Del Plá criticó: “Los amigos de Milei y Massa se quedan con AySA en esta nueva privatización, que ya tiene denuncias y cuestionamientos por múltiples irregularidades. El gobierno festeja los dólares que rápidamente se irán al pago de la deuda externa usuraria, mientras las y los trabajadores vamos a sufrir un empeoramiento del servicio de un bien esencial como el agua, que ahora estará determinado por el lucro capitalista”.
“Según el propio Chaher AySA valía como mínimo 500 millones de dólares. Hoy la regalaron por 340 millones… ¡Los negocios que están haciendo estos muchachos!!!”, alertó la diputada Florencia Carignano (UP).
La privatización de AySA
La oferta más alta fue presentada por la compañía fue el integrado por las empresas Rowing, Arcos, Transclor y PHX por el 90% de, por 340,2 millones de dólares, y superó por casi un 20% al grupo integrado por Roggio y la familia Chamas. Así, están a un paso de quedarse con la empresa hasta 2056, aunque con un monto menor al esperado por el Gobierno (entre 450 y 500 millones de dólares).
La propuesta ganadora valora el 100% de la empresa en US$ 378 millones. Pero con la deuda de US$ 70 millones incluida (que asumirá el comprador) el valor total sería de US$ 447 millones, según indicaron fuentes cercanas a la operación.
Los ganadores se comprometen a realizar un plan de inversiones obligatorias por unos US$ 1.940 millones en mantenimiento y expansión para los próximos 5 años y de unos US$ 15.000 millones durante toda la concesión.
Según informó el Gobierno, en pesos, el nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un plan de acción por $ 2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Serán $ 1,13 billones en obras, $ 1,15 billones en mantenimiento, $ 315.761 millones en mejoras y $ 296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura y mejorar la eficiencia.
Esas obligaciones están ligadas a metas de expansión: para 2031 AySA deberá tener un nivel de cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.
De esta manera, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, entregará el 90% de las acciones de AySA, en manos del Estado nacional, a un privado. El otro 10% es de los empleados y lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.
