Con más de una decena de expositores, Nadia Márquez partió la informativa en tres bloques. Patricia Bullrich se cruzó con el extitular de la IGJ de Alberto Fernández y Néstor Kirchner. El debate continuará el próximo miércoles con más invitados.
Leandro Bravo
Con Federico Sturzenegger presente en la Mesa Política de Casa Rosada, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara alta retomó el debate del proyecto que reforma por completo a la Ley de Sociedades. Con la presencia de varios invitados, hubo diversas posturas sobre la iniciativa que, entre varios puntos, propone la incorporación de nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, y la inclusión de figuras innovadoras como las Sociedades DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas -sin personas humanas-).
La reunión informativa estuvo moderada Nadia Márquez, quien dividió el encuentro en tres secciones de cuatro oradores cada uno. Cabe recordar que el 24 de junio pasado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió su proyecto al señalar que esta reforma es “clave” para que la Argentina “pueda atraer empresas vinculadas a la economía digital y potenciar su desarrollo económico y tecnológico”.
En el final de este segundo encuentro informativo, la titular de la Comisión de Legislación General confirmó el pase a un cuarto intermedio para continuar el próximo miércoles 18 de agosto con invitados del sector empresario.
La primera sección de exposiciones comenzó con la palabra de Sebastián Balbín, abogado y titular de Derecho Societario de la Universidad Austral y la UMSA. A favor del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, señaló que “cuando la realidad cambia, no alcanza con cambiar unos artículos, sino que hay que revisar todo el sistema y esta ley vigente fue sancionada en 1972”.
En línea con los fundamentos redactados por Sturzenegger, cargó que “hoy las empresas generan parte de su valor a partir de intangibles”. Y en contra del actual marco normativo vigente, sostuvo que “las categorías fueron pensadas hace más de medio siglo”. Particularmente, defendió el artículo 2 del proyecto el cual establece las normas de esta propuesto de marco regulatorio societario se aplican solo cuando el estatuto no dice otra cosa, porque rige la autonomía de la voluntad.
Según su opinión, esta reforma completa de la Ley 19.550 “no propone menos derechos, propone un derecho mejor”. Culminó su intervención al considerar que “las sociedades son el principal vehículo jurídico por el cual se organiza la actividad empresarial, pero si ese vehículo deja de responder a la realidad económica, tecnológica y social para la cual debe servir, termina generando costos, incertidumbre y rigideces que afectan el desarrollo de toda la economía”.
Un extitular de la IGJ, en contra del proyecto
Supo ser el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Alberto Fernández y dos años en el de Néstor Kirchner, Ricardo Nissen sintetizó su postura ante esta iniciativa: “No me convence”. En ese sentido, cargó que la nueva Ley de Sociedades propone un sistema “sin domicilio social -que se reemplaza por el domicilio electrónico-, sin actividad empresarial, sin capital social y solo sirve para limitar la responsabilidad del empresario”.
Agregó, con una mirada negativa hacia el texto de Federico Sturzenegger, que “la finalidad principal de este proyecto es que el empresario no responda por nada”. Luego, ejemplificó con lo que, a su visión, es un anticipo de lo que ocurriría con esta nueva propuesta: “Los vivos de siempre que vienen de Miami, vienen disfrazados de socios norteamericanos, hacen lo que quieren con la ley, la manipulan y resulta que después salen absolutamente ilesos”.
Criticó, también, que con este texto las sociedades “tienen la posibilidad de fijar en el contrato social qué jurisdicción va a dirimir los conflictos, en qué idioma se va a desarrollar el pleito y en qué país”. Con un tono alarmista, advirtió: “Los argentinos no nos merecemos esto”, y sumó que “los accionistas pierden en el ejercicio de sus derechos porque la única posibilidad que tiene el accionista disconforme es irse”.
Por último, Ricardo Nissen señaló que “el proyecto dice que se puede ir cuando está disconforme con la administración de las sociedades y con el gobierno, pero que no va a recibir un solo peso porque se va en forma gratuita y sin que le paguen el valor de sus bienes”.
Vinculado al kirchnerismo, Nissen también criticó la implementación de las Sociedades por Acciones Simplificada (SAS) establecidas por la Ley 27.349 durante el gobierno de Maurico Macri. Fue a partir de eso que Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario y vocal de Legislación General, respondió que “el acusador terminó acusado”.
La referencia de la exministra de Seguridad está relacionada a las acusaciones contra Nissen por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal por el presunto delito de abuso de poder en el uso de sus funciones. “Usted terminó acusado”, reiteró Bullrich cuando terminaba el segundo bloque de expositores.
Completaron el primer bloque Marcelo Gebhardt, especialista en Derecho Comercial, Societario y Concursal, y Gabriela Calcartera, profesora de Derecho de las Personas Jurídicas.
El titular de la UIF defendió el texto
El segundo bloque de invitados tuvo como protagonista al actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, quien destacó tres ejes del proyecto de ley: “La prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; la normativa vinculada con el beneficiario final que recomienda el GAFI; y la innovación de las DAO”.
En virtud del primer eje planteado, el funcionario sumó que la iniciativa “contribuye a la transparencia y modernización del sistema con la incorporación del legajo digital público y la digitalización de todos los libros y registros societarios para entender la actividad económica dentro de las sociedades”.
Luego, añadió que esta propuesta busca “hacer accesible a las autoridades competentes, mantiene vigente la protección y analiza la incorporación del registro público de beneficiarios finales”, y explicó sobre las DAO que “se establece la identidad real de los titulares de los tokens, incluyendo la baja para los que no lo hagan, y se prevén mecanismos para el registro de beneficiario final”. Cita Parlamentario.
En síntesis, Matías Álvarez planteó que este proyecto “fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene alterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda oportunidad de modernizar esta legislación”. Completaron el segundo bloque de expositores Gabriela Boquin, fiscal general ante la Cámara Comercial; Débora Cohen, ex titular de la IGJ; y Sebastián Heredia Querro, especialista en blockchain.
El último bloque sumó miradas diversas
El tercer bloque tuvo como expositor principal a Julián Benito Flores, juez civil y comercial, quien se mostró crítico de este proyecto al que calificó de “no ser una reforma, sino que viene a sustituir por completo a la Ley de Sociedades”. Acto seguido, leyó un discurso preparado en el que remarcó que “modernizar no significa desproteger, simplificar no significa desregular y ampliar la libertad no significa abandonar a quienes tienen menos para poder ejercerla”.
Con relación al proyecto tal y como lo redactó Sturzenegger, el magistrado afirmó que “las leyes pueden modernizar el futuro, pero no pueden dinamitar el presente y no debería ser aprobado en su actual redacción”. En tal sentido propuso que “existe un tercer camino: conservar lo que funciona, reformar lo que envejeció, incorporar la tecnología, simplificar la burocracia y fortalecer no habilitar las garantías”. Y concluyó: “el futuro no necesita que derribemos las paredes que todavía nos protegen, no confundamos libertad con ausencia de límites”.
Finalmente, completaron la exposición Emiliano Manno, CEO y fundador de Legal Hub; María Eugenia Marano, especialista en Derecho de la Empresa y Lavado de Activos; y Fernando Pérez Hualde, magíster en Derecho de Sociedades.
