El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo recibió 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención. Pasa al Senado. Desde UP propusieron una modificación en el artículo 2 del dictamen de mayoría para poder acompañar, pero fue rechazado.
La Cámara de Diputados dio media sanción por 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención -de la diputada de UP Ana Aubone-, a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria.
La iniciativa, que ingresó en mayo pasado y ahora deberá tratarse en el Senado, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.
Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.
Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a “cambio de un incentivo”. Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.
Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022, con una extensión hasta el 31 de diciembre de 2023.
A través del jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y las intervenciones de sus pares de bancada Matías Molle, Juan Manuel Pedrini, Pablo Yedlin y José Glinski, desde la oposición propusieron incorporar el artículo 2 del dictamen de minoría.
El vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria, procedió leer la propuesta de redacción del mencionado artículo: “La entidad estatal deberá dictar normas para establecer normas del programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, agregando una campaña de difusión de los alcances de la ley”, y agregó que “en caso de armas no registradas serán guardadas en los depósitos del Registro Nacional mientras dure el proceso de regularización”. En caso de no avanzar con el blanqueo de armas, “la agencia deberá dictar la destrucción de ese material”, explicó. Finalmente, Rodríguez Machado no dio lugar a la incorporación. La votación en particular de dicho artículo resultó con 125 votos afirmativos, 94 negativos y 13 abstenciones.
La palabra de los Diputados
En el rol de miembro informante, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), explicó el plan de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria de armas: “Tener un arma es legítimo hace 50 años en Argentina, pero para ser legitimo usuario hay que cumplir requisitos físicos, psicológicos, informar el arma, que no esté buscada por cuestión delictiva y que el usuario no tenga causas penales”.
Como una de las problemáticas que este proyecto viene a resolver, señaló que “en pandemia no se pudieron renovar muchos registros de armas, el cual es cada cinco años”. En tal sentido, aclaró que “tenerla no registrada es incurrir en un delito”. Allí indicó que la propuesta trae “dos soluciones”.
En primer lugar, se refirió a una “entrega voluntaria de armas que se dejaron de usar por la cuestión que sea” y nombró a aquellas que no fueron renovadas o se usaron con fines de caza deportiva. En este caso, Rodríguez Machado auguró por la reducción de armas en la sociedad.
La segunda solución explicada por la diputada cordobesa fue por la regularización de armas no registradas, sin embargo, aclaró que “no estamos modificando la portación de armas porque es otra normativa”. “Estamos normalizando el legítimo usuario o autorizar que se entregue un arma”, amplió.
A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Legislación Legal, el rionegrino Martín Soria (UP), informó: “En argentina se producen 8 muertes por día a causa de armas de fuego. 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego. Es en este contexto que resulta una obligación y un deber que el Estado nacional, a través de los poderes, profundicen las políticas tendientes a eliminar la circulación de armas de barrios”.
“Cada arma que se logra sacar de las calles constituye una acción directa para construir una sociedad más segura para todos los argentinos”, destacó y recordó que el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego “sin vigencia desde el 31 de diciembre del año pasado”, fue creado a través de la Ley 26.216 en el año 2007 bajo la presidencia de Kirchner y “desde esa fecha fue renovado sucesivamente”.
Soria resaltó que su vigencia a lo largo de los últimos 15 años constituye “una política pública de desarme voluntario de todo el Estado Nacional y una política pionera debemos decirlo en nuestro continente”, tras lo que Argentina recibió una distinción por parte de la Oficina de Asuntos de Desarme de Naciones Unidas.
El rionegrino criticó que durante la gestión de Mauricio Macri “no se destruyó ningún arma de fuego”, pero se recuperó durante 2021 y 2023 “destruyéndose más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones”. Así, celebró que el Gobierno haya “desechado” el texto original que envió en mayo al Congreso y “llegue a este recinto un nuevo texto que va en línea con los aportes y con la postura del bloque de Unión por la Patria, que fue proponiendo en el trabajo de comisiones y que se plasmó en muchos de los artículos que forman parte también del dictamen de mayoría”.
“Los estudios serios confirman que, a mayor cantidad de armas de fuego en una sociedad, mayor cantidad de muertes con arma de fuego considerando homicidios, suicidios y accidentes con ella”, planteó Soria y volvió a destacar que el oficialismo fomente el desarme de la sociedad civil y se informe de los peligros inherente a la tenencia de armas.
“Actualmente se estima que hay casi 800.000 armas en situaciones regular en la Argentina”, precisó y comentó que en ambos dictámenes se introdujo la obligatoriedad de iniciar el trámite de legítimo usuario de arma de fuego a todas las personas para que “se vayan acogiendo a la regularización de esa tenencia”. También destacó que se haya eliminado la creación de la figura del depositario legal que permitía que cualquier persona, sin siquiera ser legítimo usuario de un arma, pueda declararla. Además, ponderó que se quitó la intención de legalizar un mercado ilegal, la posibilidad r de que Ejecutivo pueda prorrogar el periodo de regularización de armas sin el consentimiento del Congreso Nacional.
El diputado de UP informó que en el año 2023 ANMAC realizó tres mil inspecciones a usuarios comerciales en la Argentina y se inhabilitaron aproximadamente más de 100 armerías en por incumplimientos y distintas infracciones que fueron detectadas por la autoridad de aplicación.
“No vamos a poder estar acompañando el dictamen de mayoría y por eso hemos presentado un dictamen de minoría. Se centra básicamente en un punto muy importante y es la posibilidad de las regulaciones exprés que genera el dictamen de mayoría porque se permite que una persona sin autorización pueda tener armas en la Argentina. Al dictamen le falta el control y la fiscalización de la ANMAC porque el registro se puede hacer, según el proyecto del oficialismo, de forma digital sin control alguno”, argumentó y cerró: “Vamos estar votando en contra en general y vamos, seguramente, a acompañar algunos artículos que fueron producto del trabajo en comisiones y de nuestro bloque”.
A su vez, el tucumano Pablo Yeldin (UP) relacionó el tema con la concientización del suicidio y explicó que es “la segunda causa de muerte en chicos de 11 a 17 años”. También, remarcó: “Tenemos un presidente que dice que la liberación de armas es buena para alivianar los controles de las armas de fuego, pero vengo a poner en alerta este tema”.
Con relación a la problemática traída a debate, amplió que “en el último año en Argentina fueron 394 y la pandemia empeoró los suicidios”. “vengo a dejar escrito que si nosotros aumentamos la portación de armas, los suicidios van a ocurrir y está demostrado que facilitar armas de fuego, facilita el suicidio”, concluyó.
Por el oficialismo, el diputado Santiago Santurio destacó que el proyecto tiene una entrega voluntaria y una regularización excepcional de gente que tiene “armas de manera irregular, no estamos discutiendo la portación, no está en el debate”.
“Esto es algo que ya viene de años que la persona que tiene armas va de forma voluntaria y las entrega. Por otro lado, se busca regularizar las armas que están en tenencia de forma irregular que, según las cifras, son 800 mil”, manifestó.
