El Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa una iniciativa legislativa para formalizar la situación fiscal de unos 500 countries, barrios cerrados y clubes de campo que, por no estar debidamente categorizados, tributan menos al Estado.
Según estimaciones del Gobierno, en total, unas 50.000 viviendas de estos emprendimientos privados tributan menos por esa situación irregular. Hay casos extremos: urbanizaciones enteras que están terminadas desde hace una década o más y siguen figurando como terrenos rurales o baldíos.
Según publicó La Nación, por el momento ARBA ya fiscalizó satelitalmente 411 complejos. De esa cifra, 60 están ubicados en Pilar; 43, en La Plata; 39, en Tigre; 28, en Escobar; 21, en Ezeiza, y 20, en San Isidro. Los otros 200, en otras zonas de la provincia.
Desde el Gobierno de Vidal calculan que si en la actualidad se recaudan unos $2000 millones por el impuesto inmobiliario que pagan los complejos que están regularizados, sería similar el monto que ingresaría adicionalmente cuando se incorporara a los infractores.
