El juez Pablo Cayssials (Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9) avaló la remoción de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de recurrir al mecanismo de juicio político.
El magistrado consideró “inconstitucional” el artículo 76 de la Ley 27.148 -Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal- que equipara al procurador general con los jueces de la Corte Suprema en las formas de removerlo de su cargo.
El fallo es apelable, pero en su contenido podría permitirle al Gobierno sacar del cargo a Gils Carbó mediante una decisión administrativa que excluya el juicio político.
El juez señaló que “el privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional”.
Agrega que ese artículo, “al establecer el mecanismo de juicio político como modo de remoción del Procurador General, consagró una barrera casi infranqueable a la responsabilidad del funcionario”.
La decisión de Cayssials hace lugar a las demandas interpuestas por la asociación Será Justicia y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que cuestionaron la constitucionalidad dicho artículo.
Desde que asumió, el gobierno de Mauricio Macri considera que Gils Carbó debe dejar su cargo. Los pedidos de renuncia, o de licencia, por parte de los funcionarios a la jefa de los fiscales fueron reiterativos y aumentaron con el procesamiento de la semana pasada.
En la Cámara de Diputados, la legisladora Elisa Carrió había presentado el pedido de juicio político contra Gils Carbó, que luego amplió por las sospechosas operaciones inmobiliarias. Incluso, fue la confundadora de Cambiemos quien cuestionó el proyecto de reforma del Ministerio Público que el oficialismo impulsaba el año pasado en la Cámara baja.
