EL GOBIERNO NACIONAL REACCIONÓ FRENTE LA MEDIDA JUDICIAL Y LLAMÓ A AUDIENCIAS PÚBLICAS, MIENTRAS LA OPOSICIÓN CELEBRÓ LA DECISIÓN DEL MÁXIMO TRIBUNAL Y RECLAMÓ UNA “POLÍTICA ENERGÉTICA CLARA”.
El gobierno nacional aseguró hoy que “no vive como una derrota” política el fallo de la Corte Suprema que declaró nulo el aumento del gas para usuarios residenciales, reaccionó frente la medida judicial y llamó a audiencias públicas, mientras la oposición celebró la decisión del máximo tribunal que, evaluaron, evidenció la “improvisación” y el “desconocimiento legal” del Ejecutivo y reclamó una “política energética clara”.
“De ninguna manera lo vivimos como una derrota el fallo. No entendemos estas cosas como derrota o victoria. Tampoco hubiera sido una victoria si el fallo hubiera confirmado todo lo que hizo el Poder Ejecutivo”, dijo esta mañana Garavano y señaló que, “en términos fiscales, presenta una mejora sustancial en la situación” en la que se encontraba el aumento de tarifas dispuesto por la administración de Mauricio Macri.
El funcionario consideró “valioso” e “importante” que la Corte se haya pronunciado sobre esta situación “ya que ha zanjado” una controversia, y consideró que si el Gobierno hubiera dispuesto una audiencia pública desde un primer momento, a lo mejor la situación “se hubiera judicializado por otras cuestiones”.
Por otra parte, Garavano negó que el Ejecutivo haya pensado en pedir la renuncia al ministro de Energía, Juan José Aranguren y dejó claro también que “no existe tensión” entre la Justicia y el Gobierno.
“Nunca se pensó en la salida de Juan José Aranguren; al contrario, el Presidente le dijo que se ponga a trabajar inmediatamente en lo pedido por el fallo, en su cumplimiento y llamar a audiencias”, dijo el funcionario en declaraciones radicales y afirmó que “el Presidente no interviene en el cuadro tarifario”.
Garavano subrayó además que tras el fallo de la Corte, el Gobierno haya convocado “rápidamente a audiencia pública”, fijada para el 12 de septiembre próximo en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca (a través de una resolución del Enargas publicada hoy en el Boletín Oficial) y adelantó que se evalúa la posibilidad de que las organizaciones también puedan participar “a través de Internet, en forma virtual, por Skype o Facebook”.
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron para ese día a movilizarse en todo el país para “no acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía” y celebraron el fallo del máximo tribunal en “favor de los trabajadores y el pueblo en general”.
En un comunicado, las centrales gremiales además reclamaron que lo resuelto en las audiencias públicas por aumentos tarifarios “sean vinculantes” y que el freno “a los tarifazos” se haga extensivo a pymes, clubes y teatros, entre otros espacios.
Otra de las espadas del oficialismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reiteró que se va a “respetar” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó la suba de las tarifas del gas porque “debemos aprender a vivir en un clima en donde respetemos la institucionalidad y la democracia” y volvió a justificar en el “déficit fiscal” la necesidad del aumento en los servicios públicos.
“El país tiene una situación de déficit fiscal muy grande, y tenemos que avanzar en la reducción gradual resolviendo cada una de las situaciones, como lo estamos haciendo, para encontrar el camino hacia la estabilidad”, afirmó y remarcó que “Argentina tiene un sistema energético descalabrado por las malas políticas, por la corrupción y la falta de transparencia”.
Más crítico, el diputado nacional del PRO Eduardo Amadeo defendió los aumentos de tarifas impulsados por el Poder Ejecutivo y cargó contra el fallo de la Corte al sostener que “cualquier postergación de la reforma tarifaria es mala porque la estructura tarifaria que tenemos va en contra de los pobres y de las provincias: es injusta porque beneficia a la Capital Federal y a los que no son pobres”.
Desde algunos sectores de la oposición le dieron una lectura política al fallo, que evaluaron puso en evidencia la “impericia”, el “desconocimiento legal” y la improvisación del Ejecutivo y del ministro Aranguren en la ejecución del nuevo cuadro tarifario.
El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, consideró “un límite al modelo” al fallo dictado por la Corte y le recomendó al gobierno nacional que, pese a no estar incluido en la decisión del Máximo Tribunal, “inmediatamente” dé también marcha atrás con los aumentos para “los clubes de barrio, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, las pymes y las universidades nacionales”, que ya anticiparon reclamarán medidas cautelares ante la justicia.
En tanto, el también diputado nacional (Peronismo para la Victoria) Leonardo Grosso, consideró “una buena noticia” el fallo de la Corte Suprema “porque ordena un poco las cosas y plantea que existe legislación que tiene que respetar el gobierno” de Mauricio Macri, al tiempo que demuestra la “incompetencia” del ministro Aranguren.
Desde el Bloque Justicialista, el diputado Diego Bossio criticó al gobierno nacional por el “mal manejo, la improvisación y el desconocimiento legal”, conque se manejó el gobierno en el establecimiento del nuevo cuadro tarifario y reclamó una “política energética clara, que sea razonable con la sociedad pero que permita la producción”.
Mas allá de las repercusiones políticas, el fallo de la Corte tuvo un fuerte impacto en actores económicos (grandes industrias, cooperativas, Pymes, entre otras) y entidades sociales, que no fueron comprendidos por la medida del máximo tribunal y que ya anticiparon una andanada de pedidos de amparos, además en provincias como Jujuy y San Luis también adelantaron acciones judiciales contra los aumentos.
A la decisión de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido, entre otras entidades, de presentar medidas cautelares ante la Justicia, se sumó la decisión de la Multisectorial Contra el Tarifazo que anunció hoy que presentará recursos de amparo por sector la semana próxima para pedir que la nulidad dictaminada por la Corte Suprema en su fallo por las nuevas facturas de gas contemple a sus organizaciones.
La Multisectorial abarca a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, centros culturales, clubes de barrio y centros de jubilados que se oponen a la quita parcial de subsidios y organizaron cacerolazos el 14 de julio y el 4 de agosto, además de presentar amparos para toda la ciudad de Buenos Aires.
En tanto, desde la Unión Industrial Argentina, el empresario salteño José Urtubey afirmó ayer que “el fallo de la Corte Suprema se aplica a quienes presentaron el recurso, pero debería tener un efecto ‘erga omnes’, es decir un alcance respecto de todos los sectores”, aunque una postura institucional sobre el tema será analizada por el Comité Ejecutivo de la entidad fabril en la reunión que mantendrá el martes próximo.
El Gobierno de Alberto Rodriguez Saá anunció a través de su fiscal de Estado, Eduardo Allende, que recurrirá a la Justicia Federal para que comerciantes e industriales y el Estado provincial, como consumidores que quedaron fuera del alcance de la decisión del Corte Suprema, no deban afrontar las subas en la tarifa del servicio de gas, porque “el alcance de los incrementos afecta directamente a la actividad económica y al empleo”.
En tanto, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Ricardo Pierazzoli, aseguró que llevarán a la audiencia pública por las tarifas de gas el reclamo de los usuarios solicitando la “modificación de las categorías de consumo” aplicables a la provincia, a los fines de “equiparar” a los usuarios jujeños con los del resto del país con iguales condiciones climáticas y remarcó que pymes y clubes ya iniciaron acciones judiciales por quedar fuera del alcance de la decisión de la Corte.
El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, dijo hoy que “hubiese sido deseable” que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró nulo el aumento del gas a los usuarios residenciales incluyera también a las asociaciones civiles y pymes, y advirtió que el pronunciamiento va a generar “miles de juicios” de los que no pueden pagar.
http://www.telam.com.ar/notas/201608/159762-tarifas-aumentos-gobierno-nacional-audiencias-publicas-oposicion-politicas-claras.html
