Los gremios determinaron “el estado de alerta y sesión permanente” ante la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de suspender los servicios de pasajeros de media y larga distancia luego del choque de trenes de ayer en Rawson, partido de Chacabuco, que pudo haber sido una tragedia y provocó 28 heridos.

El Ejecutivo bonaerense suspendió los servicios que presta la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) y no convocó a los sindicatos a una mesa de diálogo para analizar la problemática del sector y las posibles soluciones, por lo que la dirigencia nacional del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, de la Unión Ferroviaria (UF) y de las Asociaciones de Señaleros Ferroviarios (ASFA) y del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDFA) decidieron hoy la medida.

“Los sindicatos y sus dirigentes jamás se negaron a escuchar y a colaborar. Están para ayudar. Pero no son escuchados. ¿Cómo es posible ayudar si no se los convoca? No se puede suspender los servicios de pasajeros no se sabe hasta cuándo y no llamar de forma paralela a las organizaciones para analizar la situación de la seguridad y aceptar sus aportes”, afirmaron fuentes gremiales.

Para los dirigentes sindicales, la decisión de la gobernación provincial provoca “gran incertidumbre en la familia ferroviaria a partir del riesgo de pérdida de las fuentes laborales y también en los habitantes de pueblos bonaerenses y usuarios en general”, señaló un comunicado conjunto de las organizaciones gremiales.

Un documento firmado por Omar Maturano (La Fraternidad), Sergio Sasia (UF), Raúl Epelbaum (ASFA) y José Silva (APDFA) aseguró que los sindicatos podrí¬an adoptar medidas de acción directa nacionales “en defensa del sistema ferroviario y de los derechos de los trabajadores de la actividad y el público en general”.

Los voceros consultados esta tarde por Télam indicaron que ello podría ocurrir si el gobierno provincial mantiene la decisión de suspender los servicios sin producir definiciones y sin convocar a los dirigentes a “una mesa de diálogo para analizar la situación”.

En ese sentido y, amparándose en la Ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos -sancionada el 15 de abril de 2015 y promulgada el 20 de mayo de ese año-, las organizaciones exigieron al Ejecutivo nacional “la urgente reglamentación de la norma, que especifica el objetivo prioritario de reactivación de los servicios y trenes de pasajeros y de cargas en todo el territorio argentino”.

El comunicado concluyó afirmando que el estado de alerta y sesión permanente fue decidido a partir de “la verdadera importancia de ese modo de transporte para miles de usuarios y, en especial, para aquellos de menores recursos en toda la República Argentina”.