El proyecto de reforma de la Ley de Sociedades incorpora las llamadas sociedades automatizadas y las DAO. Especialistas cuestionan los mecanismos de responsabilidad y control.
Por Florencia Pessarini
El proyecto de ley que habilita corporaciones no humanas y otorga personalidad jurídica a la inteligencia artificial (IA), impulsado por el Gobierno de Javier Milei, es un salto al vacío sin precedentes a nivel mundial que busca convertir a Argentina en un “laboratorio de impunidad artificial”, según expertos consultados por EFE.
Mientras la reforma de la actual Ley General de Sociedades se discute en las comisiones del Parlamento, referentes del sector tecnológico advertían esta semana en la ONU sobre riesgos inminentes derivados del desarrollo de sistemas autónomos y reclamaban cooperación internacional para su vigilancia.
“Dar personalidad jurídica a una entidad autónoma de inteligencia artificial es una idea irresponsable, peligrosa y tal vez la última que tengamos como humanidad”, advierte a EFE Oscar Soria, cofundador del laboratorio de ideas The Common Initiative, centrado en gobernanza, medioambiente e integridad digital.
Impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y basado en un trabajo académico de Emiliano Kargieman, el CEO argentino del unicornio Satellogic, el proyecto de ley ha desatado una polémica que ha trascendido fronteras, con respuestas del historiador y escritor Yuval Noah Harari o de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI.
El texto introduce los conceptos de Sociedad Automatizada, que “no requiere trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”, y de Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), cuya gobernanza y operación dependen de un protocolo que podría ser creado por agentes de IA.
La propuesta de Kargieman incluye organismos de control, seguros, un comité humano solidariamente responsable y hasta un interruptor para apagar en caso de que algo salga mal, pero el proyecto argentino no especifica esos aspectos y es “un delirio”, dijo a EFE Maximiliano Firtman, experto en IA.
Responsabilidad difusa y opacidad técnica
El texto confiere a las empresas que operen con agentes de IA “responsabilidad limitada”, una figura del derecho comercial que habilita a responder con capital corporativo frente a daños ocasionados a terceros, así como avanzar sobre el patrimonio personal de los empresarios e imputarles penalmente en caso de que el daño se haya cometido con intención.
Los especialistas sostienen que, en el caso de las empresas automatizadas, incluso si hubiera personas inscriptas como responsables, sería complejo atribuirle la responsabilidad a un humano.
“El problema es cómo determinar que actuaron maliciosamente, con culpa, con dolo, si son algoritmos que no tienen voluntad”, afirma Pablo Serdán, abogado especializado en inteligencia artificial y poder corporativo, quien agrega que “atribuirle la responsabilidad a un humano, aunque esté identificado, es bastante complejo”.
La capacidad probatoria de la Justicia también podría verse afectada por “la caja negra de los algoritmos”, como describe Serdán, que impide auditar de manera total qué sucede dentro de una DAO en funcionamiento.
Los riesgos dejan de ser una hipótesis a medida que aumentan los incidentes protagonizados por agentes autónomos, como ha ocurrido con la infiltración por parte de modelos de OpenAI en la plataforma Hugging Face y portales del Gobierno australiano, como una base de datos de salud.
“El laboratorio de impunidad artificial que se está creando en Argentina es un precedente muy peligroso para las democracias en todo el mundo, pero también para la seguridad de la gente”, sostiene Soria.
‘Leyes Peter Thiel’
Durante su visita a Nueva York, Javier Milei prometió esta semana ante la ONU y círculos empresariales “responsabilidad limitada” para las empresas de IA, así como beneficios fiscales y desregulación para inversiones en minerales críticos y energía.
Su Gobierno impulsa, a su vez, en el Congreso un régimen que otorga beneficios fiscales a grandes inversiones en industrias tecnológicas y ha intentado promover reformas, algunas de ellas sin lograrlo, para atraer capital, como ampliar la capacidad de compra de tierras argentinas por extranjeros.
“Las llamamos las leyes (Peter) Thiel porque entendemos que existe allí un paquete legal que está destinado a otorgar enormes beneficios y de impunidad artificial a las grandes empresas tecnológicas”, dice Soria.
Una de las modificaciones que introduce la reforma societaria son organizaciones sociales sin fines de lucro, “capaces de administrar por votación fondos, recursos y poder por fuera de las instituciones democráticas”, expone Serdán.
Thiel, quien tiene vínculos con Milei y ha comprado una mansión en Buenos Aires, ya ha invertido en un proyecto de ese tipo en Honduras, la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) de Roatán, que opera con tribunales propios y fuerzas de seguridad autónomas.
“Para el Gobierno de Milei, hay una importancia política en presentar Argentina como un campo de experimentación”, concluye el experto Pablo Serdán.
EFE.
