El reclamo vecinal por la inseguridad encontró un nuevo y dramático respaldo en los hechos. Tras los cacerolazos del jueves, la ciudad atravesó un fin de semana marcado por tres homicidios, entre ellos un femicidio de extrema violencia que vuelve a interpelar la capacidad para prevenir el delito y responder a una demanda social cada vez más urgente.
En apenas tres días, Mar del Plata volvió a enfrentarse con una secuencia de hechos violentos que difícilmente pueda ser considerada una casualidad estadística. El jueves por la noche, vecinos de distintos barrios hicieron sonar cacerolas para reclamar por la inseguridad. El sábado hubo dos homicidios en pocas horas. Y este domingo la ciudad despertó con la noticia de un femicidio de una crueldad extrema: una joven de 24 años que había acudido a una presunta entrevista laboral fue asesinada en un balneario del sur.
Cada uno de esos casos tiene características diferentes y deberá ser investigado por separado. No existe una única explicación para un comerciante asesinado durante un asalto, un hombre hallado muerto en la vía pública y una mujer víctima de un crimen que, por sus primeras características, aparece atravesado por la violencia de género y el engaño. Sería un error mezclar expedientes distintos para construir una conclusión simplista. Pero también sería un error mirar cada hecho como si ocurriera en compartimentos estancos.
Porque la acumulación de episodios violentos en un corto lapso termina construyendo una percepción social que no puede ser ignorada. La sensación de inseguridad no nace solamente de las estadísticas. También se alimenta de la reiteración de hechos de enorme impacto, de la exposición permanente a escenas de violencia extrema y de la incertidumbre sobre si el próximo caso podría ocurrirle a cualquiera.
El reclamo vecinal del jueves no surgió después de estos homicidios. Ya existía. Los cacerolazos fueron una manifestación de un malestar que se viene acumulando desde hace meses en distintos barrios. Robos violentos, motochorros, entraderas, ataques a comerciantes y vecinos que sienten que el delito gana terreno forman parte de una conversación cotidiana que excede las redes sociales y llegó a las calles.
Lo ocurrido durante el fin de semana no hace más que potenciar esa preocupación. El asesinato del comerciante Ricardo Ruiz golpeó especialmente porque volvió a poner sobre la mesa una escena repetida: un trabajador que enfrenta un robo y termina perdiendo la vida. La rápida detención de los presuntos autores representa una respuesta eficaz de la investigación policial y judicial, pero no alcanza para disipar la pregunta de fondo: ¿cómo evitar que estos hechos ocurran?
El femicidio de Johana Antonich abre otra discusión igual de profunda. Una joven que buscaba una oportunidad laboral habría sido captada mediante una falsa propuesta difundida por redes sociales. Si esa hipótesis se confirma, el caso exhibirá una modalidad delictiva que obliga a revisar mecanismos de prevención y advertencia frente a nuevas formas de captación de víctimas. La investigación recién comienza y será la Justicia la que determine qué ocurrió. Pero el impacto social ya está instalado.
En paralelo, otro homicidio ocurrido en Villa La Palangana continúa sin respuestas definitivas. Como los casos que se suceden casi todas las noches en la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con heridos de arma blanca y baleados que siquiera formalizan las denuncias.
Esa realidad expone un nivel de violencia cotidiana que rara vez trasciende las estadísticas oficiales y que dificulta, además, la reconstrucción completa del mapa del delito. Cuando las víctimas eligen el silencio -por miedo, por desconfianza o por estar involucradas en conflictos previos- también se pierde información clave para prevenir nuevos hechos.
Tres asesinatos en un mismo fin de semana constituyen un dato objetivo. No implican, por sí solos, que exista una misma causa ni una misma solución. Pero sí obligan a preguntarse si las políticas de prevención, los recursos policiales y las estrategias de seguridad están logrando responder a una realidad cada vez más compleja.
La demanda ciudadana no parece apuntar únicamente a más patrulleros. También reclama presencia del Estado, investigaciones rápidas, prevención, controles y una coordinación efectiva entre las distintas áreas que intervienen en la seguridad pública.
La rápida identificación y detención de sospechosos en dos de estos casos demuestra que, cuando los mecanismos de investigación funcionan, es posible esclarecer delitos en pocas horas. Sin embargo, el éxito posterior no elimina el costo irreparable de una vida perdida.
La violencia siempre deja una sensación de que se llegó tarde. Ese es, probablemente, el mayor desafío para las autoridades. No se trata únicamente de resolver los crímenes después de que ocurren, sino de fortalecer las herramientas para impedir que sucedan. Porque cuando una ciudad encadena en pocos días un reclamo vecinal por inseguridad, dos homicidios y un femicidio de enorme conmoción pública, la discusión deja de ser exclusivamente policial o judicial. Pasa a ser política. Y, sobre todo, exige respuestas que la sociedad espera desde hace tiempo.
La Capital
