En un acuerdo extraordinario, el máximo tribunal resolvió dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 hasta tanto el juez competente resuelva en torno a la legitimidad de los actores demandantes.
En un acuerdo extraordinario, la Corte Suprema de Justicia suspendió este viernes la derogación de la Ley de Tierras, mediante una medida cautelar interina. A partir del nuevo fallo, que salió con voto dividido, se deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 hasta tanto el juez competente resuelva en torno a la legitimidad de los actores demandantes.
Tras la polémica y fuerte presión social por la decisión adoptada la semana pasada, el máximo tribunal aceleró los tiempos y convocó a conjueces -por no contar con acuerdo interno- para emitir una nueva resolución, a partir del reclamo de una organización ambiental, dos comunidades de pueblos originarios y la legisladora provincial Magdalena Odarda.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que el cortesano Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia.
El 29 de septiembre pasado, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que, en marzo de 2024, había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras por medio del megadecreto dictado por el Presidente Javier Milei a los pocos días de asumir. Lo hizo alegando falta de legitimación de los demandantes, que en ese caso habían sido excombatientes de Malvinas nucleados en el CECIM La Plata, pero no resolvió sobre la cuestión de fondo. Tampoco ahora.
La decisión cayó como un bombazo en el plano político y generó una fuerte reacción en distintos actores de la sociedad, dado que el tema había generado tan solo dos meses atrás una enorme repercusión cuando el Gobierno intentó -sin éxito- modificar los límites a las compras de tierras por parte de extranjeros a través del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Luego del fallo y en un hecho inédito, la Corte sacó una aclaratoria, en la que afirmó que la controversia en torno a la Ley de Tierras todavía “no ha sido resuelta” y rechazó los “discursos de odio”, en clara alusión a las críticas recibidas, que pocos días atrás incluyó una marcha de protesta al Palacio de Justicia.
Impulsora de un amparo colectivo, la Asociación Civil Árbol de Pie reclamó a la Corte si el fallo contra el CECIM implicaba también un rechazo o causaba algún efecto en su demanda. Esa causa se inició ante el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, pero el juzgado de origen remitió las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata por su vinculación con el expediente promovido por el CECIM.
Posteriormente, la Cámara elevó ambas causas a la Corte Suprema, por considerar que las pretensiones eran análogas en los términos de las reglas aplicables a los procesos colectivos.
Ahora, en el nuevo fallo, el máximo tribunal determinó que la suspensión de la derogación de la Ley 26.737 tendrá vigencia hasta que el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los demandantes y examine la solicitud cautelar.
La mayoría sostuvo que el expediente debía regresar al juzgado de origen porque no existía una acción o recurso que habilitara la competencia ordinaria o extraordinaria de la Corte, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.
Además, el máximo tribunal aclaró que la solución adoptada no constituye un apartamiento ni una modificación del criterio establecido en el caso CECIM.
Con una fuerte disidencia, el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, coincidió en que el expediente debía regresar al juzgado de Bariloche, pero se opuso al dictado de la medida interina.
El magistrado sostuvo que “el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia” de la semana pasada “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”. “Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”, aseveró.
El escenario en el Congreso
La nueva decisión de la Corte Suprema descomprime la situación para el oficialismo en la Cámara de Diputados, donde la oposición había reaccionado con un llamado a sesionar el próximo jueves para derogar por completo el DNU 70/23, que ya cuenta con rechazo del Senado.
Con el objetivo de salvar el decreto, que incluye numerosas desregulaciones vitales para la gestión libertaria, La Libertad Avanza también convocó a un plenario de comisiones para sacar del freezer el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Aliados le habían reclamado que se restituya un capítulo sobre tierras por medio de esa iniciativa -que lo había perdido durante el debate en la Cámara alta-.
Ante ambos escenarios, el oficialismo se encuentra más encaminado a desactivar la sesión opositora, que para el quórum depende del accionar de los legisladores que responden a ciertos gobernadores.
