El Gobierno nacional, a través del Consejo Directivo del INTA, despidió a Virginia Aparicio, quien encabezó en Argentina el proyecto internacional SPRINT sobre exposición a plaguicidas.
La decisión se formalizó mediante la resolución 366 y aplicó la exoneración, la sanción más severa del empleo público nacional.
La científica trabajaba en la Unidad Integrada Balcarce.
Su equipo detectó residuos de distintos agroquímicos en muestras humanas y ambientales, en una investigación financiada por la Unión Europea.
El organismo fundamentó la medida en presuntas irregularidades administrativas, relacionadas con la participación de un investigador jubilado, pareja de Aparicio, y con autorizaciones para gestionar recursos.
Sin embargo, la resolución reconoce que no se acreditó un beneficio patrimonial directo para la investigadora y que los movimientos contables no prueban por sí solos un perjuicio económico para el Estado.
Aparicio rechazó las acusaciones, cuestionó las garantías del procedimiento y vinculó el sumario con la difusión de los resultados.
Su defensa anticipó que recurriría a la Justicia.
El caso reavivó el debate sobre la independencia científica y las presiones sobre quienes investigan los impactos de los agroquímicos.
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