La presidenta de la Comisión de Salud inició el debate como miembro informante y se refirió a los cambios realizados sobre el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Aseguró que la actual norma está “desactualizada” y se requieren “herramientas nuevas”.
La senadora oficialista Ivanna Arrascaeta explicó las modificaciones que se proponen a la Ley de Salud Mental y afirmó que con las mismas se busca “llegar a tiempo”. Miembro informante como presidenta de la Comisión de Salud, la puntana detalló los cambios sobre el texto original enviado por el Poder Ejecutivo y aseguró que la actual norma está “desactualizada” y se requieren “herramientas nuevas”.
En su discurso, la legisladora señaló que el dictamen “es el resultado de un proceso amplio de escucha” y recordó que por las comisiones pasaron “más de 70 expositores, instituciones, asociaciones civiles, familias, profesionales del derecho y psiquiatría”, entre otros. Además, los cambios se presentaron en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA) y los ministros de las provincias enviaron sus aportes. “Este proceso enriqueció el proyecto original”, agregó.
La libertaria apuntó que la Ley 26.657, sancionada en 2010, “consagró derechos y garantías valiosas”, pero tras 16 años “ha resultado insuficiente para garantizar la efectividad de esos derechos y exige dotar al sistema de herramientas nuevas”.
Según Arrascaeta, “la internación pasó a ser la respuesta a la falta de casa y familias, y hay una implementación territorial completamente despareja de la ley”. A su vez, dijo que la norma “quedó desactualizada” porque “fue diseñada para otro contexto”. Como ejemplo de esto, resaltó que después de la pandemia “las internaciones de salud mental aumentaron un 70%”.
En cuanto a las modificaciones, la presidenta de la Comisión de Salud indicó que “se amplía el objeto de la ley” con la “obligación de actuar en todas las etapas”; “se cambia la expresión ‘padecimiento’ por afección o trastorno mental” y en relación a las adicciones “se incluyen y deben ser abordadas como parte integral desde la política de salud mental”.
También, se establece que en el equipo interdisciplinario “uno de sus integrantes debe ser médico psiquiatra” y “se incluye la teleconsulta sincrónica” para atender la falta de psiquiatras en algunas provincias.
La internación se define como “un recurso terapéutico excepcional” que “solamente procede cuando aporte mayores beneficios terapéuticos” y “durante el transcurso debe promoverse el mantenimiento del vínculo del paciente con sus familiares y entorno”.
“Las personas internadas bajo su consentimiento pueden decidir en cualquier momento el abandono de su internación, pero hay un nuevo resguardo: antes del alta el equipo deberá evaluar que la persona no se encuentre con su capacidad de juicio alterada y que no se mantenga una situación de riesgo. En caso contrario, rigen las garantías de una internación involuntaria. Este es uno de los cambios de mayor impacto práctico en la reforma”, explicó.
Sobre las internaciones involuntarias, Arrascaeta habló de “un cambio central de esta reforma”. “El estándar del riesgo que lo habilita sigue siendo un recurso terapéutico excepcional, que solo procede cuando no es posible otro modo de abordaje ambulatorio”, señaló y añadió que “hoy hay un riesgo cierto inminente en la ley vigente, ahora se incorpora el riesgo grave de daño para la vida o integridad física para sí o para terceros. El nuevo criterio permite valorar la situación de una persona en su conjunto y no solamente una fotografía del momento”.
Entre los requisitos para la internación involuntaria, “se debe contar con el dictamen profesional del servicio, que debe determinar la situación de riesgo grave; la ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento y el informe de las instancias previas implementadas”. “Para el caso excepcional que al momento de la evaluación haya un solo médico se puede efectivizar la internación, que luego será revalidada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Esto está pensado en las guardias y localidades del interior”, sumó sobre este punto. Además, toda internación involuntaria deberá notificarse a un juez y se contempla la corresponsabilidad de las familias.
El proyecto incluye “un régimen específico para el abordaje de consumo problemático de niñas, niños y adolescentes” con “dispositivos separados de los adultos, derecho a ser escuchados y acompañamiento a las familias”.
En la iniciativa se aclara que las internaciones deberán ser en “hospitales generales, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental e instituciones de internación especializada públicas o privadas”. “Queda prohibida la creación de manicomios y toda práctica manicomial”, remarcó y mencionó que se crea un registro en el que se mantendrá una actualización sobre todas las personas internadas.
En el cierre, la senadora defendió que se busca “llegar a tiempo” y “no dejar solas a las familias”, además que “los médicos, enfermeros y psicólogos necesitan una herramienta que los respalde”. Y sostuvo que se trata de “oportunidad, cercanía y continuidad en el cuidado para que cada persona pueda recuperar su vida y para que no se llegue nunca tarde”.
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