Mar del Plata – La Justicia confirmó que el dueño de una residencia para adultos mayores irá a juicio tras aprovecharse del estado mental de una mujer para despojarla de su patrimonio bajo la promesa de una asistencia vitalicia que nunca cumplió.
La Justicia local confirmó la elevación a juicio de una causa contra el propietario de un geriátrico local, acusado de despojar de su vivienda y exigir pagarés por miles de dólares a una mujer que padecía un trastorno psicótico crónico.
La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones tras rechazar los planteos de la defensa, que buscaba el sobreseimiento del imputado.
El hecho fue investigado por el agente fiscal David Bruna y sitúa las maniobras entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Según la acusación, el titular del establecimiento de salud, ubicado en la zona norte de la ciudad, se aprovechó de la vulnerabilidad de una mujer de 68 años para imponerle un contrato de asistencia “vitalicia”. Como pago por dicho servicio, la víctima entregó la posesión de su casa y se comprometió a escriturar el 50 por ciento del inmueble a favor del imputado.
Además de la toma de posesión del bien raíz, la fiscalía acreditó que la mujer fue inducida a suscribir cuatro pagarés por un valor de 20.000 dólares cada uno como garantía del acuerdo. Al momento de los hechos, la damnificada presentaba una psicosis de origen orgánico y un cuadro de desorientación que le impedía comprender la dimensión de los actos jurídicos que realizaba.
La defensa del imputado había solicitado el sobreseimiento bajo el argumento de que no existía documentación probatoria de la defraudación y que la ocupación de la vivienda era una “retención en garantía” por deudas de alojamiento. Sin embargo, los magistrados de la Cámara valoraron una serie de pruebas objetivas que contradicen esta postura, entre ellas, una carta documento enviada por el propio acusado donde reconocía el compromiso de escrituración y la tenencia de los títulos de crédito.
Asimismo, peritajes multidisciplinarios y testimonios de profesionales de salud mental confirmaron que la víctima sufría un deterioro cognitivo irreversible. Los médicos tratantes indicaron que la mujer buscaba desesperadamente contención afectiva tras una ruptura matrimonial y la distancia con su hijo, factores que la tornaron permeable a propuestas económicas abusivas.
Durante las diligencias judiciales, se constató que familiares del imputado residían en la propiedad de la víctima sin contrato de alquiler. En un allanamiento posterior realizado en mayo de 2023, la policía secuestró dentro de la vivienda la escritura original del inmueble y documentación personal de la damnificada.
El tribunal resolvió que el caso sea dirimido en un debate oral bajo la calificación de defraudación por circunvención de incapaz o, de forma subsidiaria, defraudación mediante suscripción engañosa de documento. El imputado llegará al juicio en libertad, mientras que la víctima permanece privada de la posesión de su patrimonio desde hace más de cinco años.
