La segunda chance para los 141 aspirantes que habrían cometido fraude será el próximo jueves 7 de agosto.
El gobierno nacional anunció que presentó una denuncia penal contra los aspirantes a ocupar cargos como residentes en centros de salud que habrían cometido fraude en la resolución del examen, que se rindió el pasado 1º de julio.
“No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos. Acabamos de presentar la denuncia penal contra todos aquellos que hicieron trampa o fueron cómplices de la estafa en el examen de residencias médicas. El que las hace, las paga”, anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, expresó que no van a permitir “que se acceda al sistema con engaños”. En esa línea, aseguró: “El ingreso a las residencias es el primer paso para cuidar la salud de los argentinos: detrás de cada médico hay pacientes que merecen la mejor atención. Defender el mérito es asegurar calidad, compromiso y responsabilidad en la atención sanitaria”.
Segunda chance
Este jueves 7 de agosto, 141 aspirantes a ingresar como residentes en diferentes hospitales para completar su formación profesional deberán rendir nuevamente el examen único, tras haberse detectado una conducta fraudulenta en la primera instancia, el pasado 1º de julio.
El ministerio de Salud de la Nación dio a conocer las condiciones que tendrá esta instancia de evaluación y los criterios de calificación, ya que, en todos los casos, se mantendrá la nota más alta que alcance el futuro residente.
El examen se realizará de manera presencial, y constará de 100 preguntas multiple choice.
No estará permitido el ingreso con dispositivos electrónicos de ningún tipo: celulares, relojes, anteojos inteligentes, calculadoras, etc.
No se podrá salir del aula en la que se desarrolle el examen. En caso de ser necesario, deberá pedir permiso y será acompañado por un asistente.
En tanto, la cartera sanitaria aclaró que “este examen no es una sanción, es una herramienta para defender el mérito y cuidar la salud pública”, ya que “la idoneidad y la honestidad no se negocian”.
