Se aprobó el aumento del 7% para las jubilaciones. El aumento del bono de $70.000 a $110.000 y la extensión de la moratoria. También, los aumentos y actualizaciones para el sistema de atención de las personas con discapacidad. Todo fue por unanimidad.
El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que vetaría esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal. Además, dieron el OK a la emergencia en discapacidad.
El proyecto que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionado por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios. Del mismo modo, la moratoria resultó aprobada por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.
Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión.
Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.
La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad.
También lo hicieron el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva; se sumaron los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.
Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.
El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.
“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE”, agregó Recalde.
A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y dijo que se deben estudiar otras propuestas si se quiere ayudar a los jubilados, como la situación del empleo, para tratar el problema del trabajo sin registrar.
Señaló que le “preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por la astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.
Por su parte, Tagliaferri se lamentó que el año pasado un grupo de diputados hayan avalado el veto Milei y sostuvo: “La casta para el Gobierno son los jubilados. Por más que digan desde el relato cosas distintas”, aunque votó contra la moratoria previsional.
A su vez, la senadora Silva indicó que “es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable”.
El proyecto de jubilaciones ratificó el decreto presidencial 274/2024 que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario.
En su paso por la Cámara baja, a propuesta del diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.
En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.
También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.
Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.
La moratoria previsional establece que las personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.
Sin la moratoria, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez, en tanto accederán a este plan unos 440 mil trabajadores en dos años ya que solo lo podrán acceder quien cumplan determinados requisitos.
La emergencia
El Senado también convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de atención pública a las personas con discapacidad. Fue por unanimidad de los 56 legisladores presentes.
La iniciativa fue sancionada luego de un breve debate en el que se destacó la intervención de Luis Juez (Pro-Córdoba), que con la voz quebrada, es padre de una niña que tiene parálisis cerebral, abogó por el voto a favor de actualizar los valores que perciben transportistas, terapeutas y maestras integradoras.
“El estado tiene que hacerse responsable y esto no es un gasto. No importa cuanto afecta, nuestros hijos no son un numero, no son parte de una contabilidad”, sentenció Juez, rebatiendo los argumentos del Poder Ejecutivo en defensa del equilibrio fiscal.
