Lo anunció el ministro de Desregulaciones, Federico Sturzenegger. Hasta ahora este trámite que sólo realizaba la Policía.
El Gobierno de Javier Milei avanzó este jueves en su objetivo de desburocratizar las transferencias de autos y motos al oficializar que, a partir de ahora, las grandes concesionarias podrán verificar las autopartes para la venta de autos usados, un trámite que hasta el momento sólo realizaba la Policía.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Ejecutivo destaca que “a partir de ahora concesionarias e intermediarios del mercado de autos y motos podrán certificar por sí mismos la identidad de las partes (lo que abre la puerta a una interacción puramente remota en la transacción) y verificar por cuenta propia que los automotores usados no son robados”.
El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, dio cuenta de esa resolución a través de su cuenta en X. Para el economista, con la resolución “también se facilitan las operaciones y reducen los trámites en el caso de dadores de leasing”.
En los anexos de la resolución 181/2024, el Gobierno precisa que podrán dar cuenta de las verificaciones quienes “acrediten un volumen mensual no inferior a ciento cincuenta operaciones de compraventa de automotores usados”. Ese trámite en la Ciudad de Buenos Aires tiene un costo de $ 36.731 para autos y las motos de $ 17.513.
“A partir de ahora concesionarias e intermediarios del mercado de autos y motos podrán certificar por sí mismos la identidad de las partes (lo que abre la puerta a una interacción puramente remota en la transacción) y verificar por cuenta propia que los automotores usados no son robados. También se facilitan las operaciones y reducen los trámites en el caso de dadores de leasing”, escribió Sturzenegger.
“Estas facilitaciones redundarán en menores costos para la industria y por lo tanto en un menor gasto para los compradores. Esta nueva baja de costos se suma a la que ya se reglamentó limitando los aranceles de los registros e impidiendo que las inscripciones estén condicionadas al pago de impuestos locales, lo que ya había reducido los costos de transferencia de cerca de un 5% a un 1% del valor de la transacción”, agregó el ministro.
