El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas afirmó que el sistema de salud atraviesa una “tormenta perfecta” que pone en riesgo la atención de urgencias cardiovasculares.
El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI) alertó sobre dificultades en la atención de pacientes que requieren una angioplastia o un stent al asegurar que el sistema de salud atraviesa una “tormenta perfecta”. Y por ello declararon en emergencia la especialidad.
Las autoridades de la entidad advirtieron que, “en el mediano plazo, la actividad puede desaparecer y no podrían colocarse stents ni efectuarse angioplastias” porque “se está dando una conjunción de factores que ponen en peligro la misma actividad” de una disciplina que en la actualidad se ocupa de atender de manera mínimamente invasiva las complicaciones cardiovasculares.
“El aumento exponencial del costo de los equipos y los insumos médicos y la baja sistemática de los honorarios profesionales están mostrando ya consecuencias indeseables, como son la reprogramación de las prácticas y la demora en realizarlas, al dilatarlas por meses, lo que pone en riesgo la salud del paciente. De no mediar una solución en el mediano plazo, toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población en toda la Argentina”, comunicó el CACI.
Como ejemplo del trabajo cotidiano en quirófanos de hospitales y sanatorios, mencionan la colocación de stent para disminuir la mortalidad por infarto y el tratamiento por catéteres del accidente cerebrovascular (ACV) en las primeras horas desde la aparición de los síntomas para bajar no solo la mortalidad, sino también la discapacidad asociada que pudiera causar. Durante esos procedimientos, a cargo de profesionales entrenados durante horas en simuladores, se utilizan fármacos, insumos y equipos de alta tecnología importados.
“El costo de los equipos y de los insumos han aumentado en forma exponencial (entre un 300 y 500%). Estos incrementos no se vieron reflejados en los centros asistenciales donde se hacen estos procedimientos y que las obras sociales y los sistemas de medicina privada pagan. Cualquier centro del país que tenga salas de cateterismo recibe, por las prácticas que allí se realizan, menos de la mitad que los colegas latinoamericanos y una cuarta o quinta parte de lo que se abona en Estados Unidos. Estos bajos valores abonados por los financiadores afectan no solo a los médicos, sino también a las instituciones se quedan sin márgenes para renovar equipos e infraestructura”, destacó la entidad.
Con “magros honorarios”, las autoridades del colegio destacaron que comienzan a darse “ajustes” indeseados con la reutilización de insumos y la demora en actualizar el equipamiento, lo que termina por afectar la calidad y la seguridad de las prestaciones.
“Un cardiólogo intervencionista cobra en la Argentina por el mismo trabajo apenas una fracción de lo que cobran sus colegas de Chile, Brasil, Bolivia o Paraguay, para nombrar solo algunos países vecinos. En el país, hay una gran dificultad para sostener el trabajo por las pobres condiciones a las que son sometidos los profesionales”, indicaron desde el colegio médico que preside Juan José Fernández, especialista en hemodinamia.
Aún en la mayoría de los casos, según recuerdan las autoridades del CACI, están cobrando a los 90, 120 y, a veces, 150 días después de atender al paciente. “La consecuencia más inmediata de esto es que médicos con excelente formación están emigrando a países que los reciben con los brazos abiertos y retribuciones acordes con la calidad de su trabajo. La escasez de médicos y el cierre de centros de alta complejidad tendrá indudablemente consecuencias serias en la salud cardiovascular de la población”, señalaron.
También denunciaron que hay coberturas privadas y obras sociales que no autorizan la provisión de insumos básicos para las prácticas “por la falta de soluciones a estos problemas”. Con eso, también se están demorando estudios. Citaron una encuesta entre cardiólogos intervencionistas: sus resultados describieron una caída en las solicitudes de procedimientos, un aumento de la demora en la atención y dificultades para conseguir insumos necesarios, lo que termina en reclamos de los pacientes.
