En el marco de la causa judicial que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante contra los imputados que ya fueron identificados.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hachas por personas que se identificaron, quienes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales, si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
Tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.
