LOS COMPRARON EN LINEA
Son 5 personas que buscaban integrar las fuerzas de seguridad local de Tres Arroyos y que habían presentado certificados analíticos apócrifos que compraron en Internet. Durante este proceso, el Estado provincial les pagó sumas de dinero indebidamente, en concepto de salarios.
El juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional Nº 1 de Bahía Blanca, condenó a cinco personas a una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de uso de documento público falso y defraudación a la administración pública en su intento por ingresar a la Policía Local en Tres Arroyos. Además, el magistrado dictaminó la inhabilitación perpetua para los cinco para ocupar cargos públicos en el futuro.
El fallo también establece una serie de reglas de conducta que los acusados deberán cumplir durante un período de 2 años. Estas pautas incluyen la obligación de fijar residencia, de la cual no podrán ausentarse por un período superior a 24 horas sin previo conocimiento, y consentimiento del Juzgado de intervención.
Asimismo, deberán someterse al cuidado del Patronato de Liberados, completar sus estudios secundarios, en caso de que no los hayan finalizado, y llevar a cabo tareas comunitarias en beneficio del Estado. Cualquier incumplimiento de estas reglas podría resultar en la revocación de la condicionalidad de la pena, según informaron fuentes oficiales de Ministerio Público Fiscal de la Provincia.
Esta condena es el resultado de una larga llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Investigaciones Judiciales Nº 10, bajo la dirección del fiscal Gustavo Zorzano.
Según la causa, que abarcó desde los años 2014/2015 hasta 2019, los acusados, con pleno conocimiento de la falsedad de sus documentos, utilizaron títulos analíticos secundarios apócrifos para inscribirse en cursos y, finalmente, obtener el cargo de “Oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Durante este proceso, el Estado provincial les pagó sumas de dinero indebidamente, en concepto de salarios.
El caso se originó a raíz de una denuncia presentada a la línea 0800 de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires el 24 de agosto de 2016. La denuncia alegaba que los oficiales de policía acusados no habían completado sus estudios secundarios y que habían presentado certificados analíticos apócrifos de estudios secundarios adquiridos en línea.
