Para el defensor de los rugbiers el crimen de Fernando “fue un homicidio en riña”

Foto: Diego Izquierdo
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“No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión”, aseguró Tomei durante su alegato, en el que consideró que los rugbiers deberían ser absueltos. El delito de homicidio en riña prevé una pena máxima de seis años de prisión.

El defensor de los ocho rugbiers juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, consideró que todos ellos deberían ser absueltos por la “incongruencia” entre la imputación original y la planteada por la acusación en sus alegatos en el debate y pidió que, en caso de ser condenados, el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, el cual prevé una pena máxima de seis años de prisión.

Hugo Tomei, a cargo de la defensa de todos los acusados desde el inicio de la causa, planteó, subsidiariamente, en su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, que se consideren las figuras de “homicidio simple con dolo eventual” o de “homicidio preterintencional”.

Finalizado el alegato de Tomei, los ocho acusados pronunciaron sus últimas palabras antes de que los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia den a conocer la sentencia el próximo 6 de febrero, y pidieron “disculpas” a la familia de la víctima.

Manifestaron estar “arrepentidos” por el hecho, y aseguraron que “no hubo ningún plan de matar” y que lamentaban “la muerte de un joven” de su misma edad.

La última audiencia del juicio antes de la la sentencia se inició minutos después de las 12 en los tribunales de Dolores, con los alegatos de la defensa, que se extendieron por poco más de una hora.

Tomei adelantó que pediría la absolución de Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23), acusados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”.

Entendió que existían “incongruencias” entre la acusación del requerimiento de elevación a juicio y la formulada en los alegatos del miércoles por parte de la fiscalía y del particular damnificado.

Además, sostuvo que el hecho imputado “no está probado” y que los acusadores “probaron otro hecho” en el juicio iniciado el último 2 de enero.

“Después de los largos alegatos de ayer me estoy encontrando con otro hecho. Pareciera llamativo lo que estoy diciendo, pero si el objeto está descripto en la requisitoria, lo que ayer nos pasó es escuchar (otras) cosas”, expresó el letrado, al asegurar que de lo surgido del debate se ve “afectado el principio de congruencia”.

“Si son ocho los que tienen un altercado adentro del boliche, no puede ser uno, son ocho”, dijo en referencia al incidente entre los imputados y Báez Sosa dentro del local bailable “Le Brique” de Villa Gesell que, para los acusadores, derivó en el crimen cometido minutos después.

Entendió a su vez que “no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos que la fiscalía descubrió” y que “no hubo estado de indefensión, bajo ningún concepto”.

En ese sentido, consideró que “hubo una agresión” y que el hecho “se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña”, previsto en el artículo 95 del Código Penal, por lo que “con la pena que están cumpliendo de tres años quedarían todos en libertad”.

“No me quiero imaginar”, dijo sobre la posibilidad de que sus asistidos puedan ser liberados, tras lo cual, insistió: “Pero bueno, creo que ese es el adecuado contexto jurídico en que una sentencia a mí criterio debe ser dictada.”

El defensor planteó de manera subsidiaria que se aplique la figura de “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé una pena de prisión de 8 a 25 años, y que “se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda”.

También propuso de manera alternativa “el homicidio preterintencional”, cuya pena es de hasta 6 años de cárcel.

Tomei solicitó, además, la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos, porque “no se los comunicó los derechos que los asistían”.

En respuesta a ese planteo, uno de los fiscales de juicio, Juan Manuel Dávila, defendió esos procedimientos y pidió que “se rechace la nulidad pretendida”.

El defensor dedicó gran parte de su argumentación a cuestionamientos procesales sobre la acusación de los fiscales y los letrados del particular damnificado -encabezados por Fernando Burlando y Fabián Améndola- en sus alegatos del miércoles, en los que pidieron prisión perpetua para los ocho acusados.

En un tramo de su exposición, el defensor hizo poner de pie a Viollaz, Thomsen, y Luciano y Lucas Pertossi.

Llamó de manera irónica “el monstruo” a Thomsen, mientras repetía las referencias hacia ellos volcadas en la elevación a juicio del caso, que a su entender no se condicen con los lineamientos de la acusación.

Se refirió también a la “impronta mediática inigualable” que tuvo el caso desde la madrugada del crimen, que lo “ha transformado” en “un paradigma de lo que no debe ocurrir”, con “horas y horas de videos, constancias del expediente expuestas en las redes sociales, en canales de televisión”.

“Represento a ocho condenados por el poder mediático, por la sociedad, y considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con el criterio de la opinión pública”, señaló.

A su vez, advirtió sobre el impacto de los medios de comunicación en los testigos que declararon en las trece jornadas de recepción de prueba.

“No hay duda de que toda la evidencia está contaminada, absolutamente toda”, indicó y dijo que “no se le puede pedir a las personas después de tanta información procesal a la mano que mantengan los recuerdos” tres años más tarde.

Cuestionó en esa línea declaraciones como las del custodio de “Le Brique”, Alejandro “Chiquito” Muñoz, al considerar que si vio lo sucedido desde el lugar donde indicó en un croquis incorporado a la causa es “el hombre nuclear con el ojo biónico”.

También puso en duda las precisiones aportadas por Tomás Bidonde, otro de los testigos del debate oral, y agregó: “Los testigos inconscientemente fueron asumiendo una posición que tiene como contrapartida una sentencia difícil de hacer.”

Finalmente, el defensor expresó: “Espero que la sentencia sea justa, va a ser acatada”.

Minutos antes del inicio de los alegatos de la defensa, Graciela Sosa, madre de Fernando, dijo sus últimas palabras ante el tribunal, y sostuvo: “La verdad que nunca pensé que estaría en este lugar. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y estaría viendo cómo él defendería a la gente, pero nunca que estaría presenciando el asesinado de mi hijo. Que paguen lo que hicieron.”

El cierre de la audiencia fue con las últimas palabras de los ocho imputados y luego la presidenta del tribunal dio por cerrado el juicio y anunció la fecha de la sentencia.

Al salir de los tribunales, el fiscal Dávila aseguró a la prensa que en “modo alguno” el pedido de disculpas de los acusados va a modificar el fallo del tribunal y que “los jueces van a resolver en base a la prueba, y la prueba derribó el principio de inocencia de la defensa”.

Por su parte, Burlando hizo un análisis “muy positivo” de la jornada y destacó que “se terminó una audiencia complicada”, tras lo cual, le cedió la palabras ante los periodistas a Graciela y su esposo Silvino, quien dijo que la postura de los imputados en sus últimas palabras le pareció “muy actuado” y que no les creyó.

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