El aporte solidario y extraordinario generó ingresos fiscales por más de $223.000 millones

Así lo informó la AFIP en un comunicado emitido por la titular Mercedes Marcó del Pont donde indica que “los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”.

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, afirmó que el organismo “notificó el inicio de fiscalizaciones integrales” a los contribuyentes que no pagaron el Aporte Solidario y Extraordinario, que generó ingresos por más de $ 223.000 millones gracias al cumplimiento de alrededor del 80% del universo potencial alcanzado por la ley.

“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un informe elaborado por la dependencia oficial.

Para asegurar que los contribuyentes alcanzados por la ley cumplan con su obligación, la AFIP inició una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.

“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, señalaron desde la AFIP.

“Ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte”, señaló Marcó del Pont en declaraciones a radio 10.

Desde la dependencia oficial dijeron que las estimaciones sobre los fondos son preliminares y que continuarán con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas, mientras se espera a que avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte.

De todas formas, la funcionaria se mostró satisfecha con el resultado preliminar del pago del Aporte Extraordinario: “La mayoría de los contribuyentes alcanzados asumió su compromiso y cumplió. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $ 200 millones ya pagaron”, detalló.

En este sentido, subrayó que “es una muy buena noticia, son fondos con destino específico que asistirán en la pandemia”.

Además la funcionaria, en una entrevista con Radio Nacional, precisó que “$130.000 millones, es decir el 58% de los fondos totales, ingresarán a través del Plan de Facilidades de Pago. Tomamos una buena decisión al ofrecer ese mecanismo que facilitó la cobrabilidad”, señaló Marcó del Pont. La AFIP ofreció a los contribuyentes alcanzados la posibilidad de pagar un anticipo del 20% y luego financiar el saldo restante en hasta 5 cuotas.

La funcionaria detalló que los restantes $93.000 millones, es decir el 42% de todos los recursos generados por el Aporte, ya fueron ingresados por los contribuyentes alcanzados.

“Los resultados son preliminares porque existe un grupo de contribuyentes con patrimonios superiores a $ 200 millones que no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar”, añadió la titular de la AFIP.

La funcionaria definió como “muy progresiva” a la ley que aprobó el Congreso Nacional para mitigar los efectos de la pandemia, e incluso aseguró que la Argentina se “adelantó a una decisión que está en discusión en varios países”.

“Ahora varios gobiernos, como el de Joe Biden en Estados Unidos, y también otros países de Europa, están yendo por este camino”, concluyó la funcionaria.

El Aporte Solidario y Extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $ 200 millones.

La ley estableció que los recursos extraordinarios generado serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).

En base a la información disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación bajo juridisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alrededor de 200 contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones nn . interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.

El destino de los fondos

En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 aprobada en diciembre del año pasado estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa.

Alrededor de $ 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de $ 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Por último, cerca de $ 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.

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