El incremento es menor al anunciado en octubre, que era del 10%. La suba estipulada para diciembre también fue menor a la que se había estimado originalmente.
Por el incremento de los costos, en el marco de la pandemia, que “amenaza la cadena de pagos del Sistema de Salud”, el Ministerio de Salud autorizó a las empresas de medicina privada a incrementar a partir del 1° de febrero de 2021 en hasta un 7% las cuotas de los afiliados a las prepagas.
Si bien desde la Superintendencia de Seguros de Salud se había anunciado que el incremento a partir de febrero sería del 10%, finalmente se autorizó una suba de hasta el 7%. La medida fue oficializada a través de la Resolución 2987/2020, que fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Lo mismo había sucedido con el aumento estipulado para diciembre: en principio se informó que se incrementaría un 15% y el Gobierno terminó aprobando una suba de hasta el 10%.
Con este incremento, desde febrero, un plan de salud familiar, en promedio, rondaría los $ 18.000. Y más de $ 25.000 los planes de mayor alcance. No obstante, las prepagas consideran que el aumento autorizado es insuficiente.
La Resolución detalla las ayudas y “apoyos financieros” que, por la pandemia, el Estado estuvo otorgando al sector de la salud, como la reducción de las contribuciones patronales a la Seguridad Social, o el pago de una parte de los salarios a través del programa ATP o bonos extraordinarios al personal de Salud.
Además, las cuotas que pagan los afiliados a las prepagas tienen un costo fiscal para el Estado porque son deducibles hasta un 5% de la ganancia neta de cada año de la base imponible del impuesto a las Ganancias.
Entre los considerandos se destacó que a lo largo de 2020 y a raíz de las diferentes medidas de aislamiento y distanciamiento social decretadas por la pandemia del coronavirus “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo, del cual no resultaron ajenos el sistema sanitario y sus actores”.
En esa misma línea, se remarcó “que la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable de las medidas adoptadas, se ve reflejada en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los Agentes del Seguro de Salud” y que la situación descripta amenazó “la cadena de pagos del Sistema de Salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”.
