“Este anteproyecto es el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron -a partir de la activa participación en Justicia 2020- a más de 3.000 participantes entre expertos de todo el país y miembros de la sociedad civil. Una comisión redactora (de la que participó, entre otros, UNICEF) preparó las bases del anteproyecto consensuado”, se destacó desde la cartera.
Asimismo, se enfatizó que “es el resultado de un largo trabajo y de un gran consenso, que contó con la voz de representantes de todo el espectro político y social, en el contexto de la necesidad de actualizar un régimen que tiene casi 40 años”.
El Ministerio de Justicia informó que el régimen que se propone “hace foco en el cuidado de las víctimas, involucrándolas activamente, e introduce alternativas de inserción social para que esos jóvenes no vuelvan a cometer delitos”. “Se busca fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos. La privación de la libertad se encuentra prevista como último recurso”, agregaron.
La iniciativa del Gobierno tiene cuatro ejes fundamentales: 1) contar con una justicia especializada, 2) abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa, 3) fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, 4) procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.
El anteproyecto, que sería enviado al Congreso en febrero próximo, contiene 100 artículos. Además de bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años, la medida establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia, y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
Otro de los puntos centrales es que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Y el máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Por otra parte, uno de los artículos propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
El anteproyecto prevé sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. También se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
