La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará este jueves la problemática de las condiciones de detención en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, en el marco del °170 periodo ordinario del organismo. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), las dependencias policiales alojan cuatro veces por encima de su capacidad.
Tras el incendio de una comisaría de Esteban Echeverría que dejó como saldo nueve muertos, la CIDH (dependiente de la Organización de los Estados Americanos) analizará la situación de las dependencias policiales en territorio bonaerense y podría emitir un comunicado de recomendaciones sobre el tema para los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.
La situación crítica de las comisarias provinciales no es nueva. A lo sucedido recientemente en Esteban Echeverría, se le suma la llamada “masacre de Pergamino” ocurrida a principios de 2017, en la que murieron siete personas como consecuencia de otro incendio.
“Las condiciones de detención son deplorables. La provincia tiene alrededor de 4.000 personas detenidas, de las cuales 3.000 no tienen lugar para dormir. Duermen en colchones improvisados o se turnan. De cada cuatro detenidos, tenés lugar para uno”, le explicó a DIB Rodrigo Pomares, director del área de Justicia y Seguridad Democrática de la CPM.
El referente de la Comisión, citando datos oficiales suministrados por Centro de Operaciones Policiales, detalló que de las “cerca de 400 dependencias policiales, 250 se encuentran clausuradas por resolución judicial o por decisión del mismo Ministerio de Seguridad”, y que “la mitad de las clausuradas alojan a personas”.
“Del total de dependencias policiales, el 80% no tiene elementos básicos para combatir incendios, no tiene protocolo de evacuación, tiene presencia de colchones inflamables y no tiene salida de emergencia. Son verdaderas catacumbas que se han transformado en trampas mortales”, opinó Pomares.
Las situaciones más críticas en comisarías de la provincia se encuentran en el conurbano bonaerense, en donde están alojados el 80% de los detenidos. El tratamiento de la temática por parte de la CIDH tiene origen en una petición realizada por la CPM, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación de la provincia, quienes en simultáneo vienen tramitado medidas cautelares para evitar vulneraciones a los derechos humanos en las comisarías.
“Es importante que se interpele al Estado nacional y al provincial en este ámbito. En este caso, se va a hacer una mesa de trabajo y los peticionarios vamos a expresar la grave crisis humanitaria que se atraviesa en los contextos de encierro. Luego, la CIDH seguramente emitirá sus recomendaciones al Estado”, explicó Pomares.
