En el marco del Plan Garantizar Tu Identidad, el Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires continúa ampliando su presencia, tanto en hospitales provinciales como municipales, y en establecimientos privados, de modo que las madres puedan tramitar la inscripción y el primer DNI del recién nacido antes de recibir el alta. Ambos trámites son totalmente gratuitos y se pueden realizar en las mismas instalaciones hospitalarias, en oficinas descentralizadas del Registro ubicadas a tal efecto.
A través de estas medidas, la Gobernadora María Eugenia Vidal, a través del Ministerio de Gobierno, a cargo de Joaquín de la Torre, busca asegurar la mayor cantidad de inscripciones posibles, combatiendo la subregistración y garantizando que todos los niños de la Provincia tengan regularizada su situación documentaria y puedan acceder al derecho elemental de la identidad, y a los diferentes servicios y programas del Estado.
De esta manera, en 2018 se han incorporado 53 nuevas oficinas en estos establecimientos médicos, las cuales se suman a los ya existentes, de modo que se proyecta que a fin de año se alcance un total de 158 dependencias del Registro Provincial en funcionamiento. De ellas, se encuentran actualmente funcionando 2 en maternidades de hospitales nacionales, 48 en nosocomios provinciales, 84 en establecimientos municipales y 4 en clínicas privadas.
Garantizar Tu Identidad está destinado a realizar la inscripción y documentación de niños recién nacidos en los establecimientos médicos, así como también la implementación de la inscripción de oficio.
Esta última estipula que tras 40 días desde el nacimiento de un niño, si éste no ha sido anotado por sus padres, será inscripto “de oficio” por el Registro de las Personas, evitando que haya futuros niños indocumentados.
Además, el Plan identifica aquellos menores de entre 1 y 12 años que aún no han sido inscriptos, y soluciona sus deficiencias documentarias, para que éstos puedan gozar de derechos fundamentales como la educación y la salud.
En este último caso, se evita la necesidad de recurrir a una instancia judicial, la cual puede registrar demoras de hasta cinco años para que una persona obtenga su identidad.
