La iniciativa, que cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados, fue defendida en el Salón de las Provincias por especialistas y familiares de pacientes que requieren el aceite cannábico, y sería tratada sobre tablas en la sesión de este miércoles.
La iniciativa autoriza al Estado a proveer el aceite cannábico a los pacientes con ciertas patologías –la más citada en este caso es la epilepsia refractaria-, y habilita la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta y sus derivados.
“El proyecto garantiza acceso gratuito del aceite a quienes se incorporen al programa y hace que el Estado se haga cargo de algo que estaba pendiente”, remarcó Silvia Elías de Pérez (UCR), presidenta de la Comisión de Salud.
Los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), Jaime Linares (GEN) y Julio Cobos (UCR) coincidieron en la urgencia de la sanción de la ley, mientras que la camporista Anabel Fernádez Sagasti, si bien acompañó el proyecto, consideró que “deja un agujero negro” y coloca “a un montón de argentinos al desamparo” por no permitir el autocultivo.
En el mismo sentido, Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos), autor de una propuesta, enfatizó que la ley significa un punto de partida para despenalizar el cultivo de Cannabis por una necesidad de control sanitario por parte del Estado.
La salteña Cristina Fiore Viñuales, en tanto, pidió que hasta que no se efectivice la provisión de aceite cannábico a los pacientes, “no se pueda sancionar ni perseguir a las asociaciones” civiles que promueven el cultivo propio.
Al abrir el debate, la directora del Laboratorio de Neurociencia Cannabis Medicinal Argentina (CAMEDA), Silvia Kochen, precisó que “el 45, 50% de los pacientes que están usando el Cannabis, responden” al mismo, y “los efectos adversos que existen son mínimos”.
Kochen, quien se desempeña en el Hospital Ramos Mejía y en El Cruce-Néstor Kirchner, advirtió que las familias que acuden a esta sustancia “sufren una situación de ilegalidad” y enfatizó: “No dar respuesta a la salud es violar un derecho humano”.
A su turno el doctor Martín Sívori, del Hospital Ramos Mejía -quien además es padre de un chico con epilepsia- destacó que “este marco regulatorio es un excelente primer paso” y aclaró que “hay muy pocas evidencias” de la efectividad del Cannabis porque “nadie investiga en el mundo” ya que el uso de esta sustancia se encuentra “en un marco de ilegalidad”.
La fundadora de CAMEDA y directora médica de LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer) Morón, Ana García Nicora, relató que se empezó a trabajar en el tema a partir del “vacío académico, jurídico y político” sobre el uso medicinal del Cannabis, en un contexto de “desolación e indiferencia”.
“Hace un año que recorremos los pasillos del Congreso”, comentó Nicora, quien marcó como “misión” lograr el acceso legal a esta sustancia bajo normas de seguridad y calidad y bajo la supervisión del Estado.
Desireé Macrini, referente del Frente de Organizaciones Cannábicas Argentina e integrante de la Campaña por la Despenalización del Cannabis Medicinal (CADECAM), reclamó por la legalización del autocultivo y recordó el caso de Adriana Funaro, una madre cultivadora que fue detenida por la Policía bonaerense y hoy se encuentra bajo prisión domiciliaria.
A su vez Valeria Salech, presidenta de la Asociación Civil “Mamá Cultiva”, fundación sin fines de lucro que tiene por objeto agrupar a madres, aseguró que la investigación en el marco de la legalidad es fundamental y que “la comunidad científica está esperando el sí del Congreso” para poder ayudarlas.
También expuso en el plenario de comisiones el médico especialista en Medicina Interna del Instituto Alexander Luria Marcelo Morante, entre otros.
