El primero de los proyectos fue impulsado por Fuks y tiene como objetivo conocer “la pertinencia y necesidad de la licitación por la que se busca adquirir ´equipamiento antidisturbio´”, “el área o grupo de la Policía que se espera equipar con el mismo, la cantidad de efectivos y la preparación que ha recibido” y “si se han llevado adelante las consideraciones técnicas que prevean estricto cumplimiento de las normas vigentes, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, el diputado de CNLM explicó que en el Boletín Oficial “se especifica que se abre la licitación para la compra de carabinas, municiones, fusiles de asalto, cascos, escudos, protectores, chalecos, etc; entre lo licitado se mencionan 200 lanzadores less lethal weapon para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada”, por lo que busca saber cual es “el protocolo de actuación previsto con la utilización de este equipamiento”.
“No podemos desconocer el incremento de la protesta social en las calles de la Ciudad, como tampoco las últimas actuaciones policiales que dan cuenta de una imperiosa necesidad de recuperar la vigencia de los protocolos de uso de la fuerza conforme a derecho y de robustecer los mecanismos de control de la actuación policial”, sostuvo Fuks y sentenció que “en este contexto, el Gobierno de la Ciudad adquiere este equipamiento antidisturbio, por lo que se requiere información clara y precisa al respecto”.
Por otra parte, el kirchnerista Campagnoli pidió datos precisos sobre “las dos detenciones producidas el domingo 26 de marzo del corriente año bajo la actuación de la Policía de la Ciudad en la intersección de las avenidas Díaz Vélez y Río de Janeiro en horas de la tarde”.
En este sentido, busca informarse acerca del “procedimiento de las intervenciones”, “quienes fueron los agentes de la fuerza de seguridad que las efectuaron”, “las razones por las cuales los efectivos policiales no se encontraban debidamente identificados, si se tomaron medidas al respecto y cuáles son las sanciones que se preveen” y “la cantidad de móviles policiales presentes y si corresponde a la Policía de la Ciudad y/o a la Policía Federal”.
Asimismo, sobre la detención del adolescente de 13 años pidió que se informe si “el Consejo de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes fue notificado en el lugar del hecho sobre la situación del niño de referencia”, “las razones por las cuales se traslado al niño en un móvil policial, cuando se debe esperar la presencia del personal especializado para tal fin en el lugar del hecho”, “las razones por las cuales el niño estuvo tres horas retenido dentro de un móvil policial, sin la presencia del personal especializado” y “cuál fue la trayectoria del niño luego de ser detenido”.
Campagnoli en los fundamentos de la iniciativa explicó que “ante la detención del menor varias personas que presenciaron el hecho, intervinieron y denunciaron la situación públicamente; Micaela Brambilla, miembro de la organización social La Garganta Poderosa, filmó la detención y por esa causa la detuvieron de manera injusta y arbitraria imputándole atentado y resistencia a la autoridad” y señaló que “la Policía de la Ciudad debe ajustarse a los parámetros establecidos por la ley que busca proteger y cuidar a la población de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los derecho humanos”.
